FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

Algunos de los fenómenos delictivos que han causado mayor repercusión en la ciudadanía en los últimos tiempos, son los relacionados con la inseguridad que viven las mujeres, siendo un sector altamente vulnerable según muestran las estadísticas.

Casos muy mediáticos como el de la muerte de Debanhi Escobar, ocurrido entre el 9 y el 22 de abril de 2022 en el vecino Estado de Nuevo León, donde algunas líneas de investigación van dirigidas hacia un presunto feminicidio, han causado alarma entre la población.

Lo lamentable, es que estos acontecimientos que son de dominio público, son solo “la punta del iceberg” de lo que acontece en el anonimato, donde sin duda, gran parte de la responsabilidad recae en las autoridades mexicanas, que no disuaden este tipo de conductas antisociales.

La función principal y la razón de ser de un Estado, es otorgar certidumbre para las personas, ya sea en su propio hogar, en la escuela, el trabajo o la vía pública; y esto no se ha cumplido como bien se constata en nuestra sociedad.

los resultados del trigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en el segundo trimestre de 2021, indican que una de cada cuatro mujeres en el país, (el 24.7 por ciento del total) fueron víctima de por lo menos un tipo de acoso personal o de violencia sexual.

Surge la necesidad de actualizar las legislaciones locales, con el objetivo que desalienten cualquier acto que vaya en detrimento y en contra la seguridad e integridad de las mujeres, ya que el Estado es quien debe de garantizarles este derecho a la seguridad.

Como ejemplo de la falta de trabajo de los legisladores, basta darle una hojeada al código penal del Estado de Tamaulipas; y queda claro que es demasiado “suave” en algunas de las sanciones por hechos delictivos.

El Articulo 276 quater, del Código Penal del Estado de Tamaulipas, señala que “Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le impondrán de seis meses a un año de prisión”.

El hostigamiento es la primera causa de violencia hacia las mujeres, la cual, al no existir una sanción que disuada esta conducta, escala en otro tipo de ataques más graves, los cuales por su naturaleza son casi siempre irreparables.

Es necesario que se aplique todo el peso de la ley, para evitar estas conductas que alteran la tranquilidad y la paz, además del derecho a la vida que es el principal Derecho Humano que se debe de procurar hasta las últimas consecuencias por el Estado.

Hemos sido testigos de la promulgación de una “Ley Olimpia” la cual fue producto de la participación de la sociedad, en su exigencia para sancionar a quienes acosan sexualmente mediante las redes sociales a las mujeres, pero es una incongruencia que presencialmente esta misma conducta sea demasiado “blanda” en sus sanciones.

Es así, que el Congreso de Tamaulipas debe de ponerse a trabajar, indistintamente de los colores, sabemos que es una causa justa apartidista, del cual cualquier legislador indiferentemente de su filiación, coincide en la necesidad de actualizar la legislación, y poder dotar a los jueces de herramientas legales más eficaces.

Es una asignatura pendiente, el reescribir el código penal, que garantice una mayor seguridad para las mujeres tamaulipecas, y puedan transitar libremente o estar en sus propios domicilios, en las escuelas y trabajos; arropados por un Estado “Fuerte” de Derecho.

Amigo lector, tenga un excelente día.

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