- Quien incurra en esto es un delito y se paga con cárcel, porque es antiético, dijo.
- Por: Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver.- Obligar a los empleados de las dependencias gubernamentales a acudir a concentraciones (políticas) es un delito y se paga con cárcel, por lo que de presentarse una situación de este tipo, los afectados deben denunciarlo, pues hay organismos internos de control para canalizar estas quejas. Esto lo aseguró Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado estatal de los Programas de Desarrollo Integral del gobierno federal, quien dijo que el coaccionar a los servidores públicos de los gobiernos municipales y estatal morenistas es una acción antiética que debe denunciarse. En conferencia de prensa, en donde anunció que inició la incorporación de personas con discapacidad mayores de 29 años, el funcionario federal reiteró que a nadie se puede obligar a asistir a la concentración masiva que se tendrá el próximo 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el quinto aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que nadie puede ser obligado a nada, porque sería constitutivo de un delito, “quien esté en esa circunstancia, mi única recomendación sería que denunciara, hay organismos internos de control, hay autoridades, inclusive es un delito grave, que podría ser sanción de cárcel a quien incurriera en este tipo de situaciones”, añadió. Hizo un llamado a los empleados a denunciar, que se atrevan “que las libertades no son concesiones, no son dádivas, las libertades son derechos; el derecho la libertad no se pide ni se implora, se exige, que no se permitan estas cosas y aquel ciudadano que tiene estas presiones que denuncie”, añadió. ¿No denuncian por temor a perder su trabajo? Se le observó.
No es eso. No es así. Si alguien se viera inmiscuido en estos asuntos con elementos y pruebas, al contrario, el que pierde el trabajo es el mando que está obligando a hacer esas cosas a sus subalternos, respondió.
