*Advierten riesgo de embargo y responsabilidades por desacato; la regidora Mayra Rocío Ojeda Chávez encabeza el reclamo.
Por Agustín Peña Cruz.
Ciudad Madero, Tam.– Un bloque de diez regidores del Ayuntamiento de Ciudad Madero colocó en el centro del debate público el pago de 51 millones 142 mil 776 pesos con 36 centavos, derivado de un laudo laboral firme, así como el cumplimiento del amparo 748/2025, radicado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito.
La exigencia es directa: que el alcalde Erasmo González Robledo explique de manera personal y detallada la situación técnica, jurídica y presupuestaria del caso. Los ediles sostienen que no aceptarán intermediarios en un asunto que compromete el patrimonio municipal.
“Es el Alcalde quien está obligado legalmente a atendernos y explicarnos la situación técnica, jurídica y presupuestaria de este caso. No aceptamos que nos mande al Secretario del Ayuntamiento —quien ni siquiera tiene voz ni voto en el Cabildo— como escudo para evitar su responsabilidad”, señala el posicionamiento conjunto.
Riesgo legal inminente
Los regidores advierten que la falta de entrega de documentación les impide cumplir con el plazo de tres días fijado por la autoridad judicial para informar sobre el acatamiento del fallo. En términos legales, la omisión podría traducirse en responsabilidades administrativas e incluso patrimoniales si se configura desacato.
Juristas consultados señalan que, agotadas las instancias ordinarias, la fase de ejecución de una sentencia laboral puede derivar en el embargo de cuentas públicas cuando existe incumplimiento reiterado.
Fractura inédita en el Cabildo
El conflicto escaló tras la sesión del 30 de enero de 2026, cuando por primera vez en la actual administración se rompió la unanimidad en votaciones clave. Votaron en contra regidores de MORENA, PAN, Movimiento Ciudadano y PRI; la única abstención provino de una edil panista.
La fractura política dejó ver una recomposición que trasciende colores partidistas y se centra en la exigencia de transparencia y legalidad en el manejo del pasivo laboral.
Una deuda que se arrastra por más de una década
El origen del adeudo se remonta a la administración de Sergio Arturo Posadas Lara (2008–2011), cuando se dejaron de cubrir incrementos salariales, becas, uniformes y aportaciones al fondo de ahorro pactados con el sindicato.
Las gestiones posteriores de Jaime Turrubiates Solís, José Andrés Zorrilla Moreno y Adrián Oseguera Kernion no resolvieron el litigio de fondo. Con actualizaciones, intereses y costas, la cifra superó los 51 millones de pesos.
Carnaval y prioridades presupuestales
El bloque crítico cuestiona además la oportunidad política del gasto, al señalar que mientras el Cabildo no recibe información completa sobre el impacto presupuestal del laudo, el alcalde ha encabezado actividades de carnaval.
El debate no es festivo, sino fiscal: los regidores demandan que partidas destinadas a bacheo y alumbrado público no sean afectadas para cubrir la condena judicial. Subrayan que cualquier reasignación presupuestal sin deliberación informada del Cabildo podría vulnerar principios de legalidad y transparencia.
Más allá de la metáfora
El caso exhibe una tensión estructural en los gobiernos municipales: la colisión entre pasivos heredados, decisiones políticas actuales y mandatos judiciales obligatorios. Una sentencia de amparo no es una sugerencia; es una orden cuya desobediencia puede activar sanciones administrativas e incluso consecuencias penales.
Frente a discursos que apelan a narrativas de cambio, el dato es contundente: 51 millones 142 mil 776 pesos con 36 centavos. Una cifra que pesa más que cualquier metáfora y que hoy coloca a Ciudad Madero ante una prueba decisiva de legalidad y rendición de cuentas.
