Por: Zaira Rosas
Dafne Zapata tenía 13 años, la edad de la adolescencia, esa etapa donde muchas familias, en busca de disciplina o de nuevas alternativas para la formación de sus hijas e hijos, consideran opciones distintas al modelo educativo tradicional. Entre ellas se encuentran las llamadas escuelas militarizadas, instituciones que ofrecen orden, valores y carácter como parte de su proyecto educativo. Sin embargo, detrás de esa promesa existe un vacío institucional que durante años ha pasado desapercibido: aunque algunas operan con reconocimiento oficial de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública, la propia Secretaría de la Defensa Nacional ha señalado que no las autoriza ni supervisa, dejando sus métodos disciplinarios fuera de un esquema especializado de control.
Lamentablemente, el caso de Dafne no ha sido el único. Erick Terán, en la Ciudad de México, y Zamir Pinto, en el Estado de México, son nombres de jóvenes que también perdieron la vida tras permanecer en instituciones de este tipo. Aunque en su momento parecieron casos aislados, hoy la muerte de Dafne reabre un debate que nunca debió cerrarse: ¿qué ocurre al interior de estos planteles y quién vigila las prácticas que se ejercen sobre niñas, niños y adolescentes?
Los testimonios de estudiantes y familiares coinciden en describir un patrón preocupante: aislamiento de sus familias, ejercicios físicos extremos, castigos, humillaciones y distintos tipos de violencia que poco tienen que ver con la disciplina y mucho con prácticas que, de acreditarse, podrían constituir tratos crueles, inhumanos o incluso tortura. La disciplina forma; la violencia somete. Confundir una con la otra no sólo vulnera derechos, sino que pone en riesgo la integridad e incluso la vida de quienes deberían encontrarse en un espacio seguro.
Parte del problema radica en la percepción de que estas instituciones funcionan bajo estándares militares oficiales. La realidad es distinta. La Defensa ha precisado que no tiene facultades para autorizar ni supervisar este tipo de escuelas, mientras que la incorporación al sistema educativo únicamente acredita aspectos académicos, no los métodos de entrenamiento, convivencia o disciplina que aplican fuera del aula. Ese vacío ha permitido que algunas instituciones construyan una imagen de rigor y autoridad sin que exista una supervisión efectiva sobre las condiciones en las que operan.
La madre de Dafne recibió llamadas avisándole que su hija no estaba bien, incluso un video donde se le veían los golpes, todo por un accidente según le habían comentado, después tuvo que recoger el cadáver de su hija quien según la institución había desfallecido en las regaderas, aunque la autopsia revela ahogamiento. Este patrón se repite en los otros casos, donde las madres aún piden justicia, y tristemente no son los únicos pues ex estudiantes de este tipo de academias relatan actos atroces que atenta contra derechos humanos.
En medio de este panorama la discusión no puede limitarse en si estamos a favor o en contra de este tipo de lugares. Sin duda cualquier proceso educativo depería contemplar valores como disciplina y respeto, lo que resulta inadmisible es que, bajo ese discurso, se normalicen prácticas que atenten contra la dignidad y los derechos de las personas y que se cree una especie de pacto de silencio colectivo en este tipo de academias como resultado del miedo impuesto.
El caso de Dafne obliga a ir más allá de una indignación momentánea, si bien ya hay una persona detenida, su caso es ejemplo de la irregularidad de muchas instituciones, mismas que deberían contar con mecanismos permanentes de supervisión, más allá de sus programas académicos, ¿quién regula el resto de prácticas? Cómo es posible que con más de un caso reportado de abuso no se haya dado continuidad a las investigaciones, al momento la presidenta Claudia Sheinbaum ya pidió la revisión de estos espacios en Tamaulipas donde tuvieron lugar los hechos, pero estas supuestas escuelas operan en otras entidades y requieren del mismo rigor que tanto promueven para aprobar su existencia.
Las prácticas físicas que se promueven son un gancho atractivo para juventudes que buscan moldear el carácter e incluso adquirir otras habilidades, sin embargo, es indispensable que su realización esté sujeta a prácticas corroboradas y supervisadas donde la salud no esté en riesgo.zairosas.22@gmail.com
