Xalapa, Ver.- Como un acto criminal por parte de los diputados locales es considerado el brutal recorte presupuestal impuesto al Poder Judicial del Estado para este año, por parte del Congreso, maniobra que se atribuye al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, en franca violación a la Constitución local.
Por ello, el Poder Judicial del Estado se encuentra al borde del colapso financiero, puesto del total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2021 que es de $128 mil 420 millones 684 mil 290 pesos, al Tribunal Superior de Justicia le correspondía por ley al menos 2 mil 568 millones 413 mil 685 pesos, que corresponde al dos por ciento del presupuesto general del Estado.
Sin embargo, este año el Congreso local, le asignó 954 millones menos de lo establecido constitucionalmente, para cerrar en mil 614 millones 280 mil 299 pesos.
Sin embargo, lo peor es que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz se quedó cruzada de brazos ante tal situación, aceptando que otro Poder, el Legislativo, decidiera un tema tan delicado como el de sus finanzas.
Ahora, la misma Inés Romero reconoció en junta con magistrados, que les harán falta 500 millones de pesos para poder concluir el año, por lo que entre otras medidas de austeridad, tuvieron que cerrar docenas de juzgados en todo el estado.
Irónicamente, mientras se habla de austeridad en el Poder Judicial del Estado, la directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joanna Bautista Flores tiene un sueldo de casi 96,000 mil pesos mensuales, entre salario, compensaciones y bonos, mientras que los jueces y demás personal de los juzgados reciben ínfimos ingresos.
