· Denominado comúnmente como rapiña, es un acto delictivo que afecta el patrimonio de un tercero, afirmó el legislador Sergio Lenin Guzmán Ricárdez.
El diputado Sergio Lenin Guzmán Ricárdez presentó a la Diputación Permanente la iniciativa que adicionaría el artículo 207 Bis al Código Penal del estado a fin de sancionar con pena de uno a ocho años de prisión, y de 100 a 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA) el robo de bienes o mercancías que sean transportados en vehículos públicos o privados y que éstos sufran un percance o siniestro, siendo esta la circunstancia aprovechada por los autores de la conducta para ejecutar el apoderamiento.
Al participar en la cuarta sesión ordinaria, el legislador subrayó que la creación de este tipo penal es para abonar a que en Veracruz haya un verdadero Estado de Derecho donde todas las personas que transiten por las carreteras tengan la certeza que se ve por su seguridad y posesiones.
Asimismo, dijo que, de acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), en 2021 se presentaron 18 mil 876 casos de robo a unidades de transporte de mercancía; de los cuales un 3 por ciento corresponde a la modalidad de rapiña.
“Estos actos de rapiña son comúnmente leídos en la prensa o incluso a través de redes sociales de personas que graban los hechos en tiempo real, donde a todas luces se ve el claro ejemplo de la impunidad y de la nula certeza jurídica para los afectados”, precisó el integrante del grupo legislativo de Morena.
Por ende, el Diputado consideró necesario que en el estado de Veracruz sean regulados estos actos, con la creación del tipo penal para sancionar a quien cometa este ilícito.
Por último, el también secretario de la Comisión Permanente de Seguridad Pública explicó que su propuesta legislativa tiene como finalidad salvaguardar el patrimonio de las personas que transiten por las carreteras de la entidad. “La rapiña al transporte de carga es algo común, sin embargo se está cometiendo un hecho delictivo que afecta el patrimonio de un tercero y por ende los derechos humanos de las víctimas”.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
