*Entrevista a la titular de Bienestar Social municipal, Blanca Leticia Guzmán.
Por: Agustín Peña Cruz
Altamira, Tam.- La atención ciudadana en el municipio de Altamira atraviesa un proceso de reingeniería administrativa que busca corregir prácticas históricas vinculadas a la discrecionalidad, la duplicidad de apoyos y la opacidad en la gestión social. Así lo afirmó la C. Blanca Leticia Guzmán Hinojosa, titular de la Secretaría de Bienestar Social, al detallar la implementación de una estrategia basada en el uso de datos, control interno y criterios técnicos.
En entrevista, la funcionaria explicó que actualmente se construye una base de datos única, cuyo objetivo es integrar y alinear la información de todas las coordinaciones y direcciones que conforman la Secretaría, con el fin de contar con una radiografía completa de los apoyos otorgados.
“Ahorita estamos haciendo internamente una base de datos única para alinear todas las bases de datos de las diferentes coordinaciones y direcciones que integran la Secretaría y así poder darle una mejor atención al ciudadano”, señaló.
Guzmán Hinojosa reconoció que la demanda ciudadana es amplia y diversa; sin embargo, los apoyos alimentarios continúan siendo una de las solicitudes más recurrentes. Aclaró que estos no se entregan de manera directa por la Secretaría de Bienestar Social, sino a través del DIF Altamira, en coordinación con programas estatales.
“Los apoyos son únicos y son por familia. Entonces no podíamos duplicar”, puntualizó al referirse a la distribución de más de 18 mil despensas correspondientes a un programa estatal.
Sobre los mecanismos de identificación de beneficiarios, la titular de Bienestar subrayó que se ha dejado atrás el esquema tradicional basado en intermediarios o liderazgos políticos.
“No es con líderes de manzana, es en campo, es casa por casa”, afirmó, al detallar que los censos son realizados directamente por personal operativo y respaldados por estudios socioeconómicos elaborados por la coordinación de trabajo social.
El propósito, insistió, es garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin distinción alguna.
“No hay colores. Nosotros trabajamos para todos los ciudadanos, absolutamente”, sostuvo.
Este enfoque, explicó, se encuentra alineado con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, igualdad y no discriminación. En ese sentido, enfatizó que las decisiones no responden a percepciones personales ni a criterios políticos, sino a diagnósticos técnicos.
“No es lo mismo lo que yo perciba a lo que ya con entrevistas y trabajo práctico una persona especializada lo haga”, afirmó, al informar que actualmente se desarrollan estudios sobre funciones, perfiles y cargas de trabajo dentro de la dependencia.
La profesionalización del personal y la homologación de criterios internos forman parte de esta estrategia administrativa. Aunque reconoció el desempeño del equipo de trabajo, destacó que la integración de la base de datos permitirá un control más preciso.
“Tendremos el acceso completo de la radiografía de los apoyos que se están dando y a quién se le están dando”, señaló.
En un contexto donde la confianza ciudadana es frágil, la apuesta por datos verificables, trazabilidad y control institucional se perfila como el principal antídoto frente a la desconfianza social y a la narrativa de favoritismos que históricamente ha acompañado a los programas de asistencia social.
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