En Tampico, las autoridades locales  anuncian el reforzamiento de la seguridad por la temporada navideña. La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya insiste en que la tranquilidad de las familias es prioridad, y subraya coordinación, planeación y cercanía con la ciudadanía. Se habla de presencia policiaca, de vigilancia en zonas comerciales, turísticas y bancarias; se presume trabajo entre Guardia Nacional, SEDENA, Guardia Estatal, Protección Civil y Bomberos. Todo suena bien, y se escucha institucionalmente correcto… pero en materia de seguridad, los anuncios no bastan.

Porque si en Tampico (claro, se incluye al municipio de Altamira y Ciudad Madero), queremos hablar de confianza social real, no de operativos estacionales o discursos que se encienden únicamente cuando el calendario exige resultados. La seguridad no es campaña decembrina, ni comodín de temporada -aunque Erasmo y Armando, así lo crean- es una obligación permanente del Estado y un derecho de las familias del sur de Tamaulipas. No basta con decir que hay coordinación, hay que demostrarla en hechos visibles y continuos, porque los robos y asaltos bancarios y locales comerciales provocan cuestionamientos a los presuntos patrullajes constantes, a la respuesta inmediata, a las estrategias medibles, y esa prevención real y políticas que sobrevivan a la euforia navideña como dictan los discursos oficiales.

Es cierto, la temporada implica mayores riesgos; más gente, más dinero circulando, más movilidad, más oportunidades para el delito. Pero justo ahí está el verdadero reto: garantizar que lo que hoy se presume como un operativo robusto no se diluya en enero, no se apague cuando regresen las rutinas, ni se convierta en recuerdo bonito del “dispositivo navideño”. La seguridad debe sostener la ciudad todos los días, no sólo cuando llegan paisanos o turistas.

Pero ante todo eso, a Mónica no le tiembla afirma tener una estrategia sólida, entonces esa solidez debe percibirse en la calle, en los semáforos, en los estacionamientos, en los centros comerciales, en las colonias populares y en las zonas residenciales. Ella sabe que es parte del trabajo diario que debe sentirse a las tres de la tarde y a las tres de la mañana. Comprende que debe notarse no sólo en cifras oficiales, sino en la tranquilidad cotidiana de la gente. Porque la seguridad verdadera no se mide con boletines, no, se mide con la paz con la que las familias salen, caminan, compran, conviven… y regresan a casa sin miedo.

En la intimidad… Mientras se habla de seguridad hacia afuera, también hay esfuerzos que buscan reconstruir desde adentro. El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) lleva formación técnica y humana a las Personas Privadas de la Libertad en los CEDES de Tamaulipas. Gracias a un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, hoy en los centros de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira se imparten cursos de barbería, idiomas, habilidades digitales, primeros auxilios, electricidad, belleza y más, apostándole a lo que pocas veces se mira con seriedad: la reinserción social.

Con inversión compartida entre Federación y Estado, con infraestructura fortalecida, nuevas aulas y una ruta sostenida de capacitación, los números cuentan una historia distinta: más cursos, más beneficiarios, más personas preparándose para reescribir su vida cuando recuperen la libertad. No es caridad; es política pública inteligente. Porque un sistema penitenciario que educa y capacita es una apuesta directa a reducir la reincidencia y, por ende, a mejorar la seguridad que todos exigimos allá afuera.

Si de verdad queremos un Tamaulipas más seguro, hay que mirar la calle… pero también la celda. Hay que exigir resultados inmediatos, sí; pero también reconocer cuando se siembra a largo plazo. En la seguridad, como en la vida, nada se construye de la noche a la mañana: se trabaja, se sostiene y se honra… todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com

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Por: David Castesllanos Terán

El Registro Nacional de Detenciones confirmó algo que en los círculos de poder ya olía a inminente, pero, que otros creían imposible. Jacobo Reyes León se entregó a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Se le acusa de un esquema de contrabando de combustible que habría operado desde Guatemala hacia Tamaulipas, con almacenamiento estratégico en Querétaro, además del presunto tráfico de armas y delincuencia organizada. Claro, no actuaba solo, sino presuntamente asociado con un empresario que pasó de ser ícono del brillo, la pasarela y los reflectores, a estar peligrosamente cerca de una ergástula en el Altiplano. Del glamour al concreto reforzado, ese es el precipicio que ahora mira de frente Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Pero lo verdaderamente relevante no es sólo la caída de personajes mediáticos lo que debe encender alarmas —y quizá ya encendió más de una— es el temblor político que este caso puede detonar en Tamaulipas. Porque nadie opera a ese nivel sin protección, sin guiños, sin complicidades. Hay políticos en funciones y otros en la sombra que conocieron, toleraron o se beneficiaron de esa silenciosa maquinaria de contrabando. Algunos de ellos siguen sonriendo en actos públicos, jurando lealtad institucional, hablando de legalidad y Estado de Derecho… pero hoy, nerviosos deben estar, tanto que ni el espiritu navideño se les ve.

Y más cuando la FGR decidió reactivar el expediente contra el conocido empresario ligado al negocio del espectáculo internacional y sostuvo ante un juez razones suficientes para solicitar nuevamente su captura. Falló el criterio de oportunidad que lo había beneficiado en tiempos recientes, dictó un domicilio falso para notificaciones, presunto incumplimiento de arraigo, viajes constantes al extranjero y la sospecha de documentos irregulares. Demasiados tropiezos para alguien que juraba colaboración institucional.

El caso es de alto calibre jurídico y político. La acusación es clara y pareciera no habrá escapatorio, se le finca pertenencia a una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de combustible y armas, con operaciones que cruzaban fronteras, aduanas y complicidades. Se le vincula con la venta de arsenal a grupos del crimen y con el movimiento de hidrocarburos que golpea no sólo a la seguridad nacional, sino también a la economía mexicana, a la estabilidad energética y a la paz social. No es un episodio menor ni un pleito empresarial. Es una trama que toca nervios profundos del poder tamaulipeco.

Mientras tanto, llama la atención la diferencia de trato público con otros escándalos energéticos. Aquel famoso “huachicol fiscal” del llamado “señor de los tráiler”… quedó en el silencio. Nadie volvió a preguntar, nadie volvió a explicar, nadie volvió a incomodarse. Y así funciona muchas veces la justicia mexicana.

Si esta investigación realmente avanza —como parece que lo hará— podrían destaparse nombres, conexiones, negocios, favores, silencios comprados y lealtades cuestionables, incluso, hasta marcar la ruta de los nueos candidatos a cargos de elección popular de Morena Tamaulipas.  El país necesita saber quiénes permitieron que la corrupción se institucionalizara en el combustible, quiénes sabían y callaron, quiénes participaron y hoy se disfrazan de servidores públicos honorables.

En la intimidad… La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Cuarta Zona Naval, clausuró los “Cursos de Capacitación Nivel I” en la Escuela de Mecánica de Aviación Naval en La Paz, Baja California Sur. La ceremonia fue encabezada por el Contralmirante Roberto Bravo Granados y reunió a mandos navales, cadetes, docentes y familias.

Concluyeron satisfactoriamente 26 marineros —13 mujeres y 13 hombres—: 18 en la especialidad de Mecánica de Aviación Naval y ocho en Electrónica de Aviación Naval. Se entregaron constancias y reconocimientos a los primeros lugares por su destacado desempeño académico.

Este nuevo personal se integra a las unidades aeronavales con la responsabilidad de aplicar sus conocimientos técnicos bajo los principios de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo. Con ello, la Armada reafirma su compromiso con la excelencia educativa y el fortalecimiento operativo en beneficio de la Nación.

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