Por: Zaira Rosas

El rumbo energético de México vive una tensión evidente: apostar por la construcción de refinerías y el fortalecimiento de la industria petrolera, o acelerar la transición hacia energías limpias. No es un debate menor. En él se juega no solo el desarrollo económico del país, sino también su autonomía, su papel internacional y su responsabilidad ambiental.

En los últimos años, proyectos como la refinería de Dos Bocas han simbolizado la apuesta por recuperar la capacidad de refinación nacional, reducir importaciones y fortalecer a Pemex. Esta estrategia responde a una lógica clara: la soberanía energética. En un contexto donde México aún depende en gran medida del gas importado —alrededor del 75%—, garantizar el abasto interno es una prioridad política y económica. Sin embargo, esta visión convive con compromisos internacionales que obligan a reducir emisiones y aumentar la participación de energías limpias en la matriz energética.

El problema no es elegir entre petróleo o energías renovables, sino entender que el equilibrio es inevitable. La transición energética no ocurre de la noche a la mañana. Incluso países con mayores recursos tecnológicos siguen dependiendo de los hidrocarburos. En este sentido, el caso de Cuba es ilustrativo: su limitada infraestructura y restricciones económicas han evidenciado los riesgos de no contar con un sistema energético diversificado y resiliente. Apostar únicamente por una fuente —sea fósil o renovable— puede generar vulnerabilidades críticas.

México, por tanto, necesita una estrategia híbrida. Mantener la producción y procesamiento de petróleo es fundamental para sostener la economía en el corto y mediano plazo, pero también lo es invertir decididamente en energías limpias, almacenamiento y modernización de la red eléctrica. El propio gobierno ha planteado este doble camino: fortalecer a Pemex y, al mismo tiempo, impulsar fuentes renovables y reducir el impacto ambiental. La contradicción no está en la estrategia, sino en su ejecución.

En este contexto, la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas al frente de una comisión consultiva del petróleo abre un debate interesante. Por un lado, su figura representa una tradición histórica ligada a la defensa de la soberanía energética, heredada del legado cardenista. Por otro, su nombramiento plantea dudas: ¿se trata de una decisión estratégica basada en experiencia, o de un recurso simbólico para legitimar políticas actuales?

La comisión tendrá como objetivo analizar tendencias y emitir recomendaciones para el futuro energético del país. En teoría, esto podría aportar una visión de largo plazo en un momento de transición global. Pero también existe el riesgo de que se privilegie una mirada anclada en el pasado, cuando el reto actual exige innovación, apertura tecnológica y adaptación a nuevos paradigmas energéticos.

Finalmente, ningún debate energético en México puede ignorar un tema estructural: la corrupción en Pemex. Durante décadas, la asignación opaca de contratos, la ineficiencia administrativa y los intereses políticos han limitado su potencial. Sin atender este problema de fondo, cualquier inversión —ya sea en refinerías o en energías limpias— corre el riesgo de diluirse.

La verdadera evolución energética del país no depende únicamente de elegir entre petróleo o energías renovables. Depende de construir instituciones transparentes, decisiones técnicas por encima de intereses políticos y una visión de largo plazo que entienda que la soberanía no se opone a la innovación. México no necesita volver al pasado ni saltar ciegamente al futuro: necesita aprender a transitar entre ambos.