Por: David Castellanos Terán

No es común que la Suprema Corte voltee a ver hacia el norte sin que haya un litigio incómodo, una controversia constitucional o un expediente de por medio. Por eso, la firma de un convenio con la UAT, merece la pena detenerse, desconfiar un poco y luego analizar con cabeza fría.

La alianza entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), definitivamente es el intento de la corte por recuperar su legitimidad social, claro, desde ese cambio extraño por “decreto presidencial”, se les perdió el respeto, y no podían seguir hablándose a sí misma desde el mármol; necesitaban bajar al territorio, a las aulas, a las regiones donde la justicia se vive —o se padece— todos los días.

Y por supuesto que debían elegir escuelas públicas de prestigio. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, con todo y sus asegunes -como todas- fue aceptada para jugar en las grandes ligas, y la idea universitaria de convertir el servicio social en una relación estructural con el Máximo Tribunal ¡ufff! Es como debutar con un golazo de chilena, así como los de Hugo Sánchez.

La apuesta por formar abogados que no solo sepan citar tesis aisladas, sino que entiendan cómo se construye una sentencia, cómo se procesa una denuncia y, sobre todo, cómo pesa la justicia cuando toca intereses reales.

El rector Dámaso Anaya Alvarado no vendió humo. Habló de visión institucional, y además, los datos respaldan el discurso: casi 200 estudiantes ya pasaron por instancias vinculadas a la Corte y otros 380 están en fila. En un estado como Tamaulipas, donde la ley suele llegar tarde o torcida, ese contacto temprano con la justicia constitucional puede marcar la diferencia entre el burócrata obediente y el jurista con criterio propio.

La presencia del ministro Irving Espinosa Betanzo y el respaldo explícito del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, colocan este convenio en otra dimensión. La SCJN sabe que las universidades públicas son semilleros de legitimidad y la UAT si ya venía trabajando para seguir trascendiendo, esta firma le sienta en la mesa donde se toman las decisiones jurídicas del país.

En la intimidad… Mientras tanto, el poder se sigue acomodando con precisión.

La bancada de Morena y sus aliados en el Congreso local eligieron por mayoría a Andrés Norberto García-Repper Fávila como fiscal Anticorrupción, cerrando una pinza que comenzó en diciembre con la llegada de Jesús Govea Orozco a la Fiscalía General y se consolidó con la renovación del Poder Judicial encabezada por Tania Contreras tras la elección de 2025.

García Repper perdió la elección judicial, sí, incluso con acordeón en mano. Pero entendió algo que muchos no: en política no siempre gana el que llega primero, sino el que sabe esperar. Aceptó su lugar en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se mantuvo dentro del sistema y aguardó su turno. Hoy cobra esa factura.

No es tamaulipeco, pero forma parte de un poderoso grupo político dentro del sistema tamaulipeco, además, demostró disciplina y paciencia, y ahora se gradúa como una pieza confiable para cerrar el círculo del poder en la entidad.

Con Ejecutivo, Legislativo y ahora todo el andamiaje judicial alineado, Tamaulipas entra en una nueva etapa: la del control total. Aquí ya no se trata de equilibrios, sino de administración del poder. El opositor que quiera sobrevivir tendrá que ser, al menos, aceptable para el centro del país y para Palacio estatal.

El propio García Repper lo dejó claro, sin decirlo del todo:

“La Fiscalía Anticorrupción es un órgano técnico que investiga denuncias cuando las recibe; no es una instancia para persecuciones o cacerías de brujas”, podríamos creerle todo, la mitad o nada, pero, conociendo su retórica, fue bastante mesurado, y esa, es una buena señala para todos.

En concreto: habrá investigaciones, sí, pero con orden, con límites y con nombre y apellido bien medidos. En Tamaulipas, todo parece indicar que la justicia no será estridente. Será selectiva. Y eso, para bien o para mal, también es una definición de poder.

Las abstenciones lo dicen todo.

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David Ed Castellanos Terán

Hay días —pocos, en realidad muy pocos— en los que Tamaulipas no amanece a la defensiva. Días en los que la conversación pública no gira en torno al miedo, la sospecha o la urgencia. Días en los que el estado sale a la calle a verse al espejo, a celebrar, a ensayar algo parecido a la normalidad.

El Carnaval Tamaulipas 2026 es uno de esos momentos.

Más de 35 carros alegóricos y comparsas registrados, una bolsa de 1.3 millones de pesos, descuentos hoteleros de entre 5 y 25 por ciento, artistas convocantes y una expectativa superior a 75 mil visitantes con una derrama económica estimada en 68 millones de pesos. No es poca cosa para una región que durante años fue sinónimo de repliegue y silencio.

Del 12 al 15 de febrero, Tampico, Ciudad Madero y Altamira no solo serán sede de una fiesta: serán territorio en disputa simbólica, donde el turismo deja de ser discurso y se convierte en ocupación hotelera, mesas llenas y calles habitadas. El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, lo dijo claramente: el turismo es movimiento económico, convivencia social y proyección. Coincido. Pero agrego algo más incómodo: también es termómetro político. Si la fiesta funciona, el mensaje es claro; si no, la narrativa se cae sola.

La presencia de figuras del espectáculo ayuda, claro. Pero el verdadero protagonista aquí no es el escenario, sino la gente que vuelve a ocupar el espacio público sin miedo, algo que en Tamaulipas no siempre es posible.

No es propaganda. Es contexto.

Y sí, hay que reconocer cuando el gobierno estatal entiende que el turismo no es adorno, sino palanca. Aplauso medido, sin incienso. Porque celebrar no implica olvidar que las fiestas duran cuatro días… y los problemas, años.

En la intimidad…  Mientras el ruido del carnaval toma las avenidas, algo más silencioso —y quizá más profundo— está ocurriendo en las aulas. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, empuja una transformación que no grita, pero marca rumbo.

El Ecosistema de Microcredenciales UAT no es un programa más en el cajón universitario. Es un cambio de lenguaje. Veinte mil certificaciones internacionales, gratuitas, con validez global, orientadas a habilidades digitales, técnicas y blandas. En un país donde el título ya no garantiza empleo, esto sí importa.

Para los estudiantes, significa egresar con algo más que buenas intenciones. Para los docentes, una ruta real de actualización. Para la universidad pública, una señal clara: o se adapta al mundo real o se queda atrás. Aquí no hay estridencia política ni discursos huecos. Hay planeación, plataformas serias y una apuesta concreta por la empleabilidad. Eso también es desarrollo, aunque no corte listón.

Y cierro con algo que a muchos les parecerá menor, pero no lo es.

La entrega de 151 lienzos del Escudo de Armas de Tamaulipas a escuelas públicas de Tampico, en un acto presidido por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, no fue un acto decorativo. Fue un gesto profundamente simbólico en tiempos donde la identidad se diluye con facilidad. Ver a niñas, niños y jóvenes portar una bandera estatal actualizada, conocer su historia y entender que pertenecen a algo más grande que su colonia o su escuela, también es política pública, aunque no dé likes.

Pero, en un estado golpeado por la desmemoria, la identidad también se defiende, y aunque haya Carnaval en la calle. Certificaciones en el aula. Bandera en la escuela.

No todo está resuelto, pero cuando las piezas se mueven en la dirección correcta, hay que decirlo.

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