*Grosera intromisión del Ejecutivo
XALAPA, Ver. – Abogados postulantes y representantes de diversos sectores de la sociedad veracruzana exigen se respete la soberanía del Poder Judicial, ante la abierta injerencia del Ejecutivo estatal para ocultar información sobre malos manejos con el presupuesto, lo cual además ha provocado una severa crisis financiera.
La ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofia Martínez Huerta afirmó que el trasfondo del asunto consiste en un jugoso negocio con la construcción de las Ciudades Judiciales, estimado en unos 5 mil millones de pesos, cuyo destino no se ha aclarado hasta la fecha.
La ex magistrada aseguró haber recibido indicaciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al día siguiente de haber rendido protesta como Presidenta del Poder Judicial el 3 de diciembre del 2019, para advertirle que no debía revisar nada de la pasada administración que encabezó Edel Álvarez Peña, pues se había llegado a un acuerdo con el conocido personaje de la política veracruzana para no involucrarlo en ningún presunto delito.
De lo anterior, la misma Sofía Martínez Huerta presentó una denuncia penal contra Cisneros Burgos por acoso y amenazas, misma que duerme el sueño de los justos.
El rastro de los 5000 millones de pesos se pierde en personajes como Javier Antonio y Francisco José Ruiz Anitúa, un miembro de la familia Nachón y otros que son prestanombres.
Por otro lado, la magistrada Concepción Flores Saviaga exigió la renuncia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, ya que dijo es responsable de la crisis financiera por la que atraviesa dicho Poder, pues carece de experiencia y por vergüenza debe renunciar al cargo.
Hizo ver que los contratos irregulares de las APPS para la construcción de las Ciudades Judiciales ha endeudado al TSJ por más de 25 años y costará más de $5 mil millones de pesos.
Además, aseveró que las mermadas finanzas del Tribunal Superior de Justicia son manejadas por Joana Marlen Bautista Flores, ex secretaria particular del subsecretario de Finanzas y Administración de SEFIPLAN, Eleazar Guerrero Pérez, quien curiosamente es primo del gobernador del Estado.
Igualmente, dijo, la susodicha contrató a más de 150 empleados en áreas administrativas, ninguna en la jurisdiccional que es donde se requieren, con altos sueldos y bajo perfil, aparte de que pregonan una política de austeridad cuanto los principales jefes y directores tienen sueldos elevados, por lo que ya es tiempo de que dejen de saquear al Poder Judicial.
