Por: José Efraín Caballero Sevilla
El profundo cambio que se pretende impulsar, exigiendo pulcritud en el desempeño de la clase política nacional, en razón que se ha distinguido por malas praxis y múltiples casos de corrupción en un gran sector de ella; tiene como primer destinatario a los Presidentes de la Republica.
El presidente es quien lleva la dirección en la administración pública y las políticas de interés nacional, encontrándose ya en vías de perder el fuero constitucional, y para los siguientes que serán electos democráticamente.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves 3 de septiembre, la eliminación del fuero al presidente de la República, para que pueda ser juzgado por hechos de corrupción, y por cualquier delito como todo ciudadano, que puede ser enjuiciado.
Esta votación que reforma los arts. 108 y 111 de la Constitución Política, en materia de fuero, se dio de manera unánime en el recinto legislativo; lo que otorga un serio argumento, para que este sea endosado, a los Estados de la Republica que aún se reúsan a retirar el fuero constitucional de sus servidores públicos.
Ahora, solo falta la aprobación en la cámara de Senadores, y de ratificarse, esta sería una nueva ley, que dejará sin este beneficio de inmunidad a quien preside el gobierno ejecutivo federal.
Si bien, para que proceda una querella en adelante, aun tendría que pasar por la aduana de las cámaras, quienes por mayoría considerarían si es procedente o no el desafuero, para someter al presidente al imperio de la ley.
Como antecedente, en algunos lugares del país, ya se han dado resultados en el combate a la corrupción, hacia quienes en otra época pudieron haber contado con el fuero, y lo han retirado ya de los Estados.
Está el caso, de quien fuera diputado en San Luis Potosí, Enrique Flores Flores, a quien se le vio en un video solicitando dadivas a un presidente municipal, renunció, -antes de que lo renunciaran- a la coordinación de su Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado y culminó, con una condena en enero del presente, tras un litigio de 2 años.
El fuero, que debería de incentivar a los funcionarios públicos, a dejar de lado sus intereses personales y trabajar exclusivamente en el bienestar del pueblo, recibiendo a cambio de ello protección, se ha convertido en un mecanismo de impunidad, más que de inmunidad.
Un botín preciado para diversas figuras, que ven en la política una oportunidad de escapar de los delitos cometidos. Siendo mal pensados, vemos en este beneficio, como tiene una interacción con los 6 años que tardan, la prescripción de los delitos. Es el tiempo que puede permanecer un Senador, Diputado o Gobernador en un cargo público.
En los actos de corrupción de exfuncionarios expuestos en los medios, se menciona como su única defensa la prescripción de los delitos supuestamente cometidos, lo que habla de un diseño legal que hace gozar de impunidad, a quienes caen en la tentación de hacer mal uso, de la responsabilidad asumida en su posición político administrativa.
Será bien recibida la nueva legislación, en caso de ser aprobada por parte del Senado, y de paso, si la prescripción de los delitos se extiende, en particular para quien desempeñe un cargo público. El servidor público debe de contar con una conducta y una reputación intachable. La política es el arte de servir a los demás, y no de servirse a sí mismos, y en la práctica ha parecido que ha ocurrido lo contrario.
Querido lector, tenga un excelente día nos leemos la próxima.
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