Por Agustín Peña Cruz.
Ciudad Madero, Tamps.– En cualquier democracia funcional, un informe técnico con casi una década de observaciones sin solventar sería un detonante político. En Ciudad Madero, en cambio, reina el silencio. El documento Semestral ASE/1317/2025, firmado por el Auditor Superior del Estado, Francisco Antonio Noriega Orozco, y entregado al Congreso el pasado 3 de noviembre, desnuda un patrón institucional de omisiones sistemáticas, arropado por una administración municipal que ha cerrado filas ante la fiscalización pública.
En el epicentro del cuestionamiento emerge una paradoja que incomoda: Erasmo González Robledo, actual responsable de las finanzas maderenses —contador auditor de profesión— guarda un mutismo absoluto respecto a auditorías que involucran periodos en los que él mismo figuró como actor clave desde la esfera federal.
El discurso de transparencia del gobierno morenista cruje bajo su propio peso.
UN INFORME QUE DESNUDA ABANDONO INSTITUCIONAL
El oficio ASE/1317/2025, dirigido al Dip. EliphALETH Gómez Lozano, detalla una cadena de requerimientos oficiales, cada uno debidamente foliado y radicado, pero ignorado tanto por el Ayuntamiento como por el DIF Municipal.
Cuenta Pública 2022
- ASE/1005/2022 – Promoción de Responsabilidad Administrativa: sin atención.
- ASE/0798/2023: sin respuesta.
Cuenta Pública 2023
- ASE/0443/2023 – Auditoría al DIF Madero: ignorado; genera nueva responsabilidad administrativa.
- ASE/0251/2025: sigue en seguimiento; no solventado.
Año 2025
- ASE/0328/2025 (Ayuntamiento)
- ASE/0385/2025 (DIF)
Ambos siguen sin acuse de documentación.
La acumulación de omisiones no sólo exhibe negligencia administrativa: podría constituir obstrucción de procesos fiscalizadores, una falta grave según la Ley de Responsabilidades Administrativas.
UN PROCESO PENAL QUE YA TOCÓ PUERTAS JUDICIALES
El informe también recuerda que la fiscalización no es el único frente abierto.
Sigue activo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el expediente NUC 59/2022, donde cuatro imputados (JAZM, AEOF, NMCA y DFD) enfrentan acusaciones por un presunto desfalco de $13,601,539.89.
Una cifra que subraya la urgencia —y el riesgo— de la opacidad institucional.
PREGUNTAS QUE EL AYUNTAMIENTO YA NO PUEDE EVADIR
Especialistas en fiscalización consultados por este reportero advierten que la falta deliberada de respuesta podría derivar en:
- sanciones administrativas graves,
- responsabilidades resarcitorias,
- posibles imputaciones por encubrimiento,
- presunción de obstrucción a la auditoría pública.
Lo más grave es que no existe posicionamiento oficial alguno:
ni una explicación, ni una aclaración técnica, ni un calendario de entrega documental. La administración de González Robledo optó por el silencio, aun cuando las observaciones se han acumulado por años y fueron debidamente notificadas.
UN COSTO POLÍTICO EN ASCENSO
El choque entre el discurso de transparencia y la realidad documentada por la ASE podría traducirse en un desgaste público irreversible. Y lo que es peor para la autoridad maderense: las consecuencias jurídicas ya no dependen del Ayuntamiento, sino del avance que la Auditoría Superior y la Fiscalía determinen en sus propios procesos.
El hermetismo, lejos de proteger, podría convertirse en el factor que termine por hundir a una administración que prometió claridad… y hoy apenas ofrece silencios.
El autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en Relaciones Industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, periodista investigador independiente y catedrático.
