*Bloqueos y protestas exhiben choque entre paridad de género y decisiones comunitarias.
Chicontepec, Ver.— La inconformidad social escaló en el municipio luego de que habitantes de diversas comunidades indígenas salieran a las calles para protestar contra lo que califican como una “imposición” en la designación de agentes y subagentes municipales.
Los manifestantes se plantaron frente al Palacio Municipal y bloquearon la carretera Mezcatla, principal vía de acceso a la cabecera, exigiendo una respuesta inmediata de las autoridades ante lo que consideran una vulneración directa a sus derechos y formas tradicionales de organización.
El conflicto surge tras la aplicación del método de insaculación contemplado en la convocatoria oficial, mediante el cual se sortearon candidaturas bajo el principio de paridad de género. Sin embargo, los inconformes aseguran que, previamente, ya habían elegido de manera democrática a sus representantes mediante asambleas comunitarias.
“Exigimos que se respete la voz del pueblo y nuestras decisiones ancestrales”, reclamaron, al tiempo que acusaron a la Junta Municipal Electoral de desconocer procesos legítimos avalados por la participación colectiva.
Los pobladores sostienen que esta medida contraviene lo establecido en el artículo 2° de la Constitución, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a regirse por sus usos y costumbres. Denuncian que, bajo el argumento de garantizar la paridad de género, se pretende invalidar sus decisiones internas.
Además, señalaron presuntas irregularidades en el proceso de registro, asegurando que varios aspirantes fueron excluidos por no tener afinidad con el partido en el poder, Morena, lo que —afirman— evidencia un sesgo político en la designación de autoridades auxiliares.
En algunas localidades, el rechazo ha sido particularmente fuerte ante la posibilidad de que mujeres ocupen estos cargos, argumentando que las funciones implican labores físicas y operativas que, según su visión, deben ser desempeñadas por hombres, lo que ha encendido aún más el debate entre derechos indígenas y equidad de género.
En total, el municipio cuenta con 187 congregaciones, lo que magnifica el alcance del conflicto y la tensión social que podría escalar si no se atienden las demandas.
Tras horas de protesta, los manifestantes fueron atendidos por la alcaldesa Aristea Fernández de la Cruz y representantes de la Junta Municipal Electoral, quienes defendieron el proceso al señalar que la convocatoria establece una participación equitativa del 50% para hombres y 50% para mujeres.
El diálogo, sin embargo, no ha logrado desactivar el conflicto, que pone en evidencia una profunda confrontación entre la legalidad institucional y las tradiciones comunitarias, en un escenario donde la gobernabilidad pende de un hilo.
