Algo grave hace la presidenta de México, pues desde su tribuna, como si fuera la diosa griega Temis, pretende “dar líneas de justicia”. Instruye a sus subalternos quién es corrupto y quién es inocente. Dos claros ejemplos lo demuestran: cuando el gobierno de Rocío Nahle tomó acciones contra la administración de Cuitláhuac García por un supuesto desvío millonario en la Secretaría de Salud, ¿qué hizo la presidenta? Inmediatamente salió a defender a Cuitláhuac, como si fuera una diosa omnisciente, exculpándolo de toda responsabilidad. En vez de pronunciarse con prudencia y decir que “hay que esperar a que las autoridades correspondientes investiguen”, optó por dar un veredicto político, pasando por alto la autonomía de las instituciones.
Otro caso fue el de Gerardo Fernández Noroña. Ante las dudas sobre el supuesto crédito de su casa, nuevamente la presidenta lo defendió sin esperar el curso normal de las investigaciones. Poco a poco, los hechos fueron desmintiendo esa versión a la vista de todos.
Lo mismo ocurrió con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Desde la tribuna presidencial se le acusó de “evasor de impuestos”, sin permitir que las instancias hacendarias y judiciales llevaran el proceso correspondiente. Una vez más, la presidenta se convirtió en juez y parte, usando la tribuna como sala de sentencias en lugar de respetar el debido proceso.
Y hoy, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están en el ojo del huracán. Sin embargo, la presidenta ya se apresura a dar línea, a “salvarlos” desde el discurso oficial. No, señora presidenta: deje que todo fluya, no altere el curso natural de las instituciones. En un Estado de derecho verdadero, nadie debería recibir condena ni absolución por decreto presidencial.
No todos somos Loret de Mola, ni Ciro Gómez Leyva o Joaquín López-Dóriga. Hay un sector de la población que también piensa y reflexiona, que busca información más allá de los intereses de la prensa o de la manipulación informativa que se produce desde el poder. Los ciudadanos comunes sabemos que la justicia no se construye en las conferencias matutinas, sino en los tribunales, con pruebas y procesos claros.
Por eso insistimos: hay que respetar al Ministerio Público, a las fiscalías, a los jueces. Deje que todo tome su curso de manera natural e institucional. De lo contrario, cada intervención presidencial seguirá debilitando la credibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia y generará más dudas sobre la imparcialidad del Estado.
En tiempos de polarización, lo que México necesita no son verdades dictadas desde el micrófono presidencial, sino garantías de que la ley se aplica igual para todos. La justicia no puede ser una herramienta política ni un escudo para proteger a unos y atacar a otros. Solo así podremos hablar de un país que realmente respeta el Estado de derecho.
