Por: Pablo Filiberto Hernández Vélez
¿Ley mordaza? Entre lineamientos, padrones y el peligro de callar al periodismo… (segunda parte)
Le cuento a mis dos lectores… Es decir, 61 periodistas han sido asesinados durante el periodo en que el Gobierno Federal ha estado en manos de Morena, desde diciembre de 2018 hasta julio de 2026….
Y los muertos, no leen comunicados.
Veracruz sabe demasiado bien de qué hablamos
En Veracruz la discusión adquiere todavía mayor gravedad.
Aquí no hablamos de una discusión académica sobre libertad de expresión. Veracruz conoce demasiado bien el precio de ejercer el periodismo.
ARTÍCULO 19 coloca a Veracruz como la entidad con mayor registro histórico de asesinatos de periodistas: 34 desde el año 2000, mientras que durante el gobierno de Javier Duarte se documentaron 18.
Y por eso cualquier intento de regular, clasificar, registrar o determinar quién puede ejercer el periodismo debe mirarse con lupa.
Porque aquí no se habla desde la comodidad de un escritorio.
Aquí se habla desde una entidad donde periodistas han sido asesinados, desaparecidos, amenazados y agredidos.
Aquí está el caso de María Elena Ferral, asesinada en marzo de 2020 después de haber denunciado durante años amenazas y agresiones relacionadas con su ejercicio periodístico. ARTÍCULO 19 ha documentado que su cobertura de corrupción y abusos de autoridad le generó ataques y amenazas previas.
Y aquí está también el caso de Moisés Sánchez, desaparecido y posteriormente asesinado en 2015, una historia que se convirtió en símbolo de la violencia contra la prensa veracruzana.
Y últimamente el caso de Roxana en el sur de la entidad, que fuera extraída de su domicilio en plena Luz del día por gente armada.
Por eso, cuando se escucha hablar de padrones, censos o registros de periodistas, en Veracruz no se puede simplemente levantar la ceja y seguir caminando.
Hay que preguntar.
¿Padrón para proteger o padrón para clasificar?
La gobernadora Rocío Nahle ha planteado que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la CEAPP, elabore un censo o padrón de quienes ejercen el periodismo, bajo el argumento de contar con datos reales para brindar atención y protección.
La intención de proteger puede ser legítima.
Lo que debe discutirse con toda seriedad es quién tiene la facultad de decir quién es periodista y quién no.
Porque una cosa es contar voluntariamente con información para atender a comunicadores en riesgo y otra, muy distinta, convertir un padrón oficial en una especie de filtro de legitimidad.
¿Qué ocurrirá con el reportero independiente?
¿Con el periodista comunitario?
¿Con quien trabaja para un portal digital pequeño?
¿Con quien ejerce el oficio sin pertenecer a una empresa constituida?
¿Con quien transmite desde una página propia?
¿Y con quienes, por cualquier razón, no aparezcan en ese listado?
Ahí está el riesgo.
Un padrón para proteger no debe convertirse jamás en un padrón para clasificar.
La propia organización Artículo 19 recuerda que el concepto de periodista no depende necesariamente de pertenecer a una empresa de comunicación: la Suprema Corte ha reconocido estándares conforme a los cuales periodista es quien difunde información de relevancia social, independientemente del medio en que lo haga o de que trabaje de manera independiente.
Y ahí está el punto.
El periodismo no lo otorga una credencial gubernamental.
Lo define el ejercicio de informar.
La mordaza también puede ser económica
Y si juntamos ambas discusiones —la regulación federal de contenidos y el registro estatal de periodistas— el panorama obliga a mantener los ojos abiertos.
Porque un pequeño medio local no es una gran cadena nacional.
Una sanción que para un corporativo puede representar un costo administrativo, para un periódico de barrio, una estación de radio comunitaria o un portal independiente puede significar sencillamente el cierre.
Y cuando desaparece un medio local no desaparece solamente una empresa.
Desaparece una voz.
Una cobertura.
Una denuncia.
Y muchas veces, el único espacio donde una comunidad puede hacer visible un problema.
Por eso, cuidado con creer que para callar al periodismo siempre hace falta una orden de censura.
A veces basta una amenaza.
A veces una demanda.
A veces una sanción.
A veces retirar la publicidad.
A veces dejar al medio sin recursos.
Y en el peor de los escenarios, una bala.
La mordaza puede ser jurídica, económica, política o criminal. El resultado es el mismo: que alguien deje de hablar.
El Congreso y la CEAPP no pueden mirar hacia otro lado
Por eso, el Congreso local, la CEAPP y los organismos encargados de garantizar derechos fundamentales no deberían limitarse a observar.
Su responsabilidad es revisar, advertir, proponer correcciones y, si es necesario, defender las garantías constitucionales.
No se trata de defender el libertinaje informativo.
Tampoco de negar el derecho de las audiencias a recibir información clara, responsable y diferenciada de la opinión o la publicidad.
Se trata de algo mucho más elemental:
que quien determine los límites de la libertad de expresión no sea, al mismo tiempo, quien tenga interés en controlar la crítica.
Porque un gobierno verdaderamente comprometido con la libertad de expresión debería comenzar por garantizar seguridad a los periodistas, procurar justicia para las víctimas y terminar con la impunidad.
Después, si quiere proteger a las audiencias, que fortalezca al periodismo.
Que ayude a los medios locales a sobrevivir.
Que proteja a los comunicadores comunitarios.
Que garantice condiciones para investigar y publicar.
Que persiga a quienes amenazan.
Que esclarezca los asesinatos.
Que encuentre a los desaparecidos.
Y, sobre todo, que consiga algo que México lleva décadas esperando:
justicia.
Porque mientras haya periodistas asesinados y expedientes empolvándose en los archivos de las fiscalías, cualquier discurso oficial sobre protección de la libertad de expresión tendrá una pregunta incómoda detrás:
¿Protección para quién?
Que el poder aguante la crítica
La consulta federal hasta el 20 de agosto y el debate que se abre en Veracruz representan una oportunidad para corregir lo que tenga que corregirse.
Porque proteger a las audiencias no puede significar controlar al periodista.
Y proteger al periodista jamás debe significar decidir desde el poder quién merece llamarse periodista.
Lo que a mis dos lectores, les comparto es después de más de tres décadas de andar entre redacciones, imprentas, micrófonos, cámaras, oficinas públicas y calles, uno aprende algo elemental:
el poder siempre ha tenido la tentación de que nadie le lleve la contraria.
Unos lo intentaron con amenazas.
Otros con dinero.
Otros con expedientes.
Otros con discursos.
Y algunos, los peores, con balas.
Pero el periodismo sobrevivió.
Porque mientras haya alguien dispuesto a preguntar, investigar y publicar, el poder tendrá que rendir cuentas.
Y si alguien pretende que el silencio sea la nueva forma de gobernar, conviene recordarle que 61 periodistas asesinados durante los gobiernos federales de Morena no son una cifra para presumir ni para esconder debajo de la alfombra: son 61 historias, 61 familias y 61 advertencias de lo que ocurre cuando la libertad de informar se vuelve una actividad de alto riesgo.
Así que, antes de regular al periodista, habría que protegerlo.
Antes de clasificarlo, habría que escucharlo.
Antes de exigirle objetividad, habría que garantizarle seguridad.
Y antes de hablar de “protección de las audiencias”, quizá sería conveniente que el Estado demostrara que puede proteger a quienes hacen posible que esas audiencias sepan lo que ocurre.
Porque proteger a las audiencias no puede significar controlar al periodista.
Y proteger al periodista jamás puede significar callarlo.
Al final, el poder siempre ha tenido una tentación:
que nadie le lleve la contraria.
Y precisamente por eso existe el periodismo.
Hasta aquí el Sendero de Poder, para mis dos lectores. La próxima, si el poder no se incomoda demasiado, seguimos caminando…
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