*Podría salir libre en unos cuantos años.

Ciudad de México. – No obstante los múltiples y graves delitos cometidos por el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por los cuales podría purgar una sentencia de al menos 30 años, la Fiscalía General de la República sólo dejó delitos menores, favoreciendo así un caso más de impunidad.

Lo anterior ha generado una gran inconformidad y rechazo popular contra el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien cerró la investigación por posibles irregularidades y corrupción a quienes le retiraron el cargo de delincuencia organizada a Javier Duarte de Ochoa, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al dejarle sólo delitos menores, como lavado de dinero y una condena irrisoria de 9 años de cárcel.

La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero cerró la indagatoria pues concluyó que no existieron hechos delictivos que perseguir ni castigar. «No hay nada que perseguir ni que castigar», fue el resolutivo de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo a un oficio del 30 de diciembre de 2021 y firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez, en el cual se determina el “no ejercicio de la acción penal”, dentro de la referida carpeta de investigación abierta desde finales de 2018 bajo el número FED/VG/UNAI/00000435/2018.

La abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL, que presentó la denuncia original que generó dicha indagatoria, reprobó la decisión y acusó a la fiscalía de actuar de manera negligente y opaca en esta indagatoria, y  de encubrir una negociación que afectó los intereses del país.

“Es evidente, incluso se ha reconocido, que hubieron hechos de corrupción detrás de este proceso. Se requería de una investigación seria y compleja, a todos los niveles, para esclarecer este asunto pero no la hubo. Solo se taparon entre ellos y las víctimas quedamos a un lado”, indicó Medina.

TOJIL denunció desde octubre del 2018 que, debido a la reducción de sentencia de Javier Duarte, podría haber existido  un intercambio de dinero, bienes o servicios que “dieron lugar a una solicitud de una pena completamente inadecuada y desproporcional”, según el oficio presentado por la organización en aquél año.