Por: Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver.– Lo que parecía una oportunidad laboral segura terminó convirtiéndose en una pesadilla para decenas de familias veracruzanas. Una presunta red de corrupción al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz ha sido denunciada públicamente, señalando la venta ilegal de plazas administrativas bajo el supuesto respaldo del Sindicato Democrático de los Trabajadores al Servicio del COBAEV.
De acuerdo con testimonios y evidencias difundidas, alrededor de 75 personas habrían sido víctimas de este esquema fraudulento, en el que se exigían pagos de hasta 320 mil pesos a cambio de una base laboral con salario mensual de 15 mil pesos. Los afectados provienen de municipios como Xalapa, Veracruz, Las Vigas, Cempoala y Cardel.
En el centro de las acusaciones se encuentra Estela Soreth Lendechy Jácome, trabajadora activa del COBAEV, señalada como la principal operadora del mecanismo. Según los denunciantes, la funcionaria aseguraba actuar bajo instrucciones directas de Julio López Calvario, dirigente del sindicato, quien presuntamente nunca dio la cara a los interesados.
El modus operandi, detallan las víctimas, incluía reuniones en cafeterías cercanas a la sede sindical, donde se solicitaba documentación oficial y se entregaban papeles con sellos institucionales. Para mantener la confianza, se realizaban depósitos mensuales de 10 mil pesos bajo el concepto de “nómina provisional”, simulando un proceso de contratación en curso.
Sin embargo, el engaño colapsó el pasado 24 de marzo, cuando Lendechy envió mensajes alarmantes a algunos afectados, afirmando estar “muerta en vida” y haber sido obligada a guardar silencio. Poco después, desapareció junto con su familia. Paralelamente, las oficinas del sindicato en Xalapa fueron desmanteladas de manera repentina, dejando tras de sí incertidumbre, enojo y desesperación.
Las víctimas aseguran contar con pruebas contundentes: transferencias bancarias, pagarés y comunicaciones directas, además de documentos con sellos oficiales del COBAEV. A pesar de ello, la institución ha intentado deslindarse de los hechos, lo que ha generado aún más indignación.
El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, donde varias denuncias formales han sido interpuestas. No obstante, los afectados exigen una investigación a fondo que no solo castigue a los responsables directos, sino que esclarezca si existe una red de complicidad dentro del aparato sindical y administrativo.
Este escándalo no solo exhibe posibles actos de corrupción, sino que también pone en entredicho los mecanismos de transparencia y control dentro de las instituciones educativas públicas. Para las víctimas, más allá del dinero perdido, queda el golpe a la confianza y la evidencia de un sistema que, aseguran, los dejó completamente desprotegidos.
