La confirmación del Congreso del Estado de que los 199 ayuntamientos involucrados en la bursatilización entregaron sus actas de Cabildo para adherirse a la Estrategia de Saneamiento Financiero Municipal representa uno de los movimientos financieros más relevantes de las últimas décadas en Veracruz.
No solo por el tamaño del problema que se busca resolver, sino porque logró lo que tres administraciones no pudieron en 18 años: construir consenso entre municipios de distintas fuerzas políticas para desmontar un esquema de deuda que mantenía comprometidas sus finanzas.
La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificó el mecanismo como inédito.
Durante casi dos décadas, recursos que debieron traducirse en drenaje, pavimentación, alumbrado y agua potable quedaron atrapados en una bursatilización contratada en 2008 bajo condiciones financieras desfavorables.
En ese momento, los municipios recibieron alrededor de mil 200 millones de pesos; sin embargo, la deuda fue indexada en UDIS y ligada a factores inflacionarios que impidieron reducir significativamente el capital. Pagaron más del doble de lo recibido y seguían prácticamente en el mismo punto.
Ahí radica el fondo político y financiero de la estrategia impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García. El reto no era únicamente asumir el problema, sino lograr unanimidad para desmontar un esquema colectivo donde bastaba la negativa de un solo municipio para impedir la salida de todos los demás.
La segunda parte es el rescate financiero: El Gobierno del Estado absorberá el 75 por ciento de la deuda y los municipios cubrirán el 25 restante, con una diferencia clave, que el apoyo estatal no generará intereses.
Además, la meta de liquidación se adelanta de 2036 a 2030, reduciendo seis años de presión financiera para los ayuntamientos.
La administración estatal también fijó condiciones claras: los recursos liberados deberán destinarse exclusivamente a obra pública y servicios básicos, no a gasto corriente, burocracia o espectáculos.
El acuerdo incluye además una cláusula de corresponsabilidad. Si un municipio desvía los recursos o incumple las condiciones, perderá el beneficio y regresará al esquema original de pagos.
En términos prácticos, la estrategia devuelve capacidad de inversión a los municipios. En términos políticos, representa uno de los primeros movimientos estructurales de fondo de la administración de Rocío Nahle.
