*Ramón Díaz Ávila advierte que las investigaciones contra exfuncionarios pueden quedar sin seguimiento institucional; señala observaciones por más de 2 mil millones de pesos en cuentas públicas municipales.
Xalapa, Ver.- Las denuncias por presunto daño patrimonial no deben quedarse archivadas sin que se conozca su desenlace. Por ello, el Congreso de Veracruz trabaja en una propuesta para dotar de mayores facultades al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), a fin de que pueda dar seguimiento a las investigaciones presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y conocer si los recursos públicos fueron recuperados.
Así lo informó el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, integrante de la Comisión de Vigilancia de la LXVII Legislatura, quien advirtió que actualmente ni el Congreso estatal ni el organismo fiscalizador cuentan con atribuciones suficientes para exigir información sobre el avance de las carpetas de investigación derivadas de las auditorías.
El legislador señaló que, tras la aprobación de la Cuenta Pública, la semana pasada, quedaron de manifiesto observaciones por más de 2 mil millones de pesos que requieren aclaración por parte de los entes fiscalizables.
Recordó que durante la gestión de la anterior auditora general, Delia González Cobos, se informó sobre la presentación de 128 denuncias contra exfuncionarios que presuntamente no lograron solventar las observaciones detectadas. Sin embargo, al solicitar información sobre el avance de los procedimientos, la respuesta fue que el Orfis carecía de facultades para darles seguimiento directo.
Díaz Ávila explicó que, una vez presentada la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el organismo fiscalizador pierde la posibilidad de conocer directamente el desarrollo de las investigaciones, aun cuando fue la instancia que detectó las irregularidades y aportó los expedientes correspondientes.
Consideró que esta limitación representa un vacío institucional, pues no basta con identificar posibles irregularidades, cuantificar el daño patrimonial y presentar las denuncias; también es necesario conocer si hubo sanciones, recuperación de recursos o acciones legales contra los presuntos responsables.
El diputado indicó que, con la llegada de Eric Domínguez Vázquez a la titularidad del Orfis, se planteó revisar el marco de atribuciones del organismo, tema que fue abordado durante el proceso de entrega-recepción y posteriormente en la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
Subrayó que la intención es establecer mecanismos legales que permitan al órgano fiscalizador conocer el estado de las denuncias que presenta, sin invadir las competencias de la Fiscalía, pero garantizando que los procedimientos no pierdan continuidad ni transparencia.
Finalmente, sostuvo que la fiscalización de los recursos públicos debe ir más allá de las observaciones en los informes de auditoría: la ciudadanía necesita conocer qué ocurre con las denuncias, si se deslindan responsabilidades y, sobre todo, si el dinero público señalado como daño patrimonial logra recuperarse.
