*Denuncian rezago judicial mientras funcionaria incapacitada atiende negocios particulares.
Ozuluama, Ver.— Abogados litigantes de la región alzaron la voz ante lo que califican como una grave irregularidad administrativa y una burla al sistema de justicia, derivada del rezago que enfrenta el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ozuluama, consecuencia de la prolongada incapacidad —por más de un mes— de la secretaria de Acuerdos, Ana María de la Barrera Jiménez, sin que el Poder Judicial del Estado haya designado a un sustituto.
Los profesionales del derecho advirtieron que esta situación ha provocado un virtual estancamiento en la tramitación de juicios, toda vez que el juzgado tampoco cuenta con secretario de Estudio y Cuenta, lo que ha sobrecargado al personal existente y retrasado de manera alarmante la emisión de acuerdos y sentencias, afectando directamente a los justiciables.
Sin embargo, la inconformidad escaló a un nivel mayor luego de que abogados, clientes y partes en juicio atestiguaran que la funcionaria incapacitada continúa atendiendo negocios de su propiedad, específicamente una tortillería y un spa en esta ciudad, hechos que consideran incompatibles con su condición médica, además de representar una falta grave a la ética pública y al compromiso institucional.
“Mientras los expedientes se acumulan y la justicia se retrasa, la funcionaria señalada mantiene actividad comercial normal. Esto no solo es indignante, sino que pone en entredicho la seriedad de las incapacidades médicas dentro del Poder Judicial”, señalaron litigantes inconformes.
Ante este escenario, los abogados exigieron al titular del Juzgado Mixto y a los órganos administrativos del Poder Judicial del Estado intervenir de manera inmediata, ya sea mediante la designación de personal provisional o la adopción de medidas extraordinarias, para evitar que el rezago continúe profundizándose y se vulnere el derecho de la ciudadanía a una justicia pronta y expedita.
Advirtieron que, de persistir la omisión, no descartan escalar la denuncia a instancias superiores, al considerar que la inacción institucional podría configurar responsabilidades administrativas y dañar aún más la credibilidad del sistema judicial en la región.
