Por: José Efraín Caballero Sevilla
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció en sus mítines de campaña, que existía una gran fuga de recursos del erario público, motivada del desvío y la corrupción en el manejo del presupuesto en la administración gubernamental.
Pero el presidente nunca imaginó que sus proyecciones serían ampliamente superadas, al haber enormes desvíos multimillonarios en casi todas las dependencias federales.
Las practicas defraudatorias que eran “el deporte” preferido de los funcionarios del anterior régimen, quedaron evidenciadas, al pasar a revisión el gasto público, mediante la inspección de dependencias como el SAT y de la Secretaria de la Función Pública.
Solamente en el ejercicio del último año del sexenio anterior, se han detectado mediante 2500 auditorías, enormes irregularidades por 544 mil millones de pesos. La mayoría del faltante del presupuesto del 2018 corresponde a la obra pública en carreteras, el aeropuerto de Texcoco y el tren interurbano México – Toluca.
No solamente en las inversiones de infraestructura es donde se habían venido dando los desfalcos, también a través de otros mecanismos; como en los subsidios, subrogaciones y fideicomisos, donde los recursos iban a parar a cuentas personales de manera ilegal.
En el conocido caso de las guarderías, quienes, mediante el programa de Estancias Infantiles, fue comprobable que estuvieron defraudando a la Hacienda pública. Miles de usuarios de este servicio resultaron ilocalizables, al estar falsamente inscritos en estas instituciones sociales.
Los usuarios “fantasma” que estaban dados de alta en el programa, generaban cada uno recursos para las guarderías de alrededor de 950 pesos mensuales, lo que las hacia un negocio ilícito altamente redituable mediante este esquema.
Por tales antecedentes, se percibe la necesidad de asegurar que los recursos de los programas que se llevan a cabo desde las anteriores administraciones, sean tomados con cautela, ya que como se dice coloquialmente no es “una baba de perico” lo que se maneja.
En ese tenor, en la Cámara de Diputados se han dado por concluidos los fideicomisos en una disputada votación. Esto obedece a que, de manera discrecional y poco clara, se estaban otorgando fondos a diversos actores socio económicos.
La sombra “fantasmal” de “aviadores” en los apoyos financieros, que con toda razón se presta a suspicacias, fue una práctica muy común entre los favoritos del régimen anterior. Esto motivó a querer extinguir esta millonaria participación.
No era, como le decíamos, “una baba de perico” ya que superaba el orden de 250 mil millones de pesos, leyó bien, dicha cantidad equivale al Producto Interno Bruto (PIB) de países como Nicaragua, que son todos sus bienes y servicios durante un año. Y vaya usted a saber a qué bolsillos estaban yendo a parar.
Esta operación política, es parte de una serie de estrategias que se anunciaron por parte del presidente al inicio de su administración, con las cuales buscaría recuperar el capital, que se estaba fugando por la enorme corrupción.
Los resultados ya están a la vista, estimándose un ahorro inicialmente de 112 mil millones de pesos, y se logró superar esta cifra en los 230 mil millones de pesos al primer año de gobierno.
Al día de hoy, son alrededor de 560 mil millones de pesos, rescatándose gracias al combate a la corrupción y la política de austeridad, afirmó en su mensaje el Presidente con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.
Problemas de carácter internacional provocados por la crisis económica y de salud por la pandemia del Covid – 19, obligan a manejar con transparencia la Hacienda Pública que es del pueblo de México.
Los tiempos demandan, más allá de la extinción de fideicomisos, la extinción de la corrupción y el mal manejo de los fondos, como se están combatiendo por parte de la presente administración federal.
Querido lector, tenga un excelente día nos leemos la próxima.
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