* ESTALLA CRISIS POLÍTICA Y DIPLOMÁTICA
Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos ha solicitado formalmente la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios federales y estatales presuntamente vinculados al narcotráfico, en un hecho que ha desatado una fuerte tensión política entre ambos países.
La petición fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que informó haber recibido las solicitudes de detención con fines de extradición, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la ley mexicana.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas hacia territorio norteamericano, a cambio de sobornos y respaldo político. Los cargos incluyen conspiración para narcotráfico y posesión de armas, delitos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua.
El caso coloca al mandatario sinaloense en una situación inédita, al ser equiparado en el discurso judicial estadounidense con figuras internacionales señaladas por delitos graves, mientras la administración del presidente Donald Trump endurece su postura contra funcionarios extranjeros vinculados al crimen organizado.
En México, la reacción ha sido inmediata. La SRE señaló que la solicitud carece de pruebas suficientes dentro del marco del tratado bilateral de extradición, mientras que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido silencio público hasta el cierre de esta edición.
Por su parte, Rocha Moya rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas como un ataque político no solo en su contra, sino contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
El escándalo ya provocó reacciones en la oposición: legisladores han exigido investigaciones inmediatas e incluso plantean la desaparición de poderes en Sinaloa, lo que profundiza la crisis institucional en la entidad.
Mientras tanto, la FGR abrió una investigación para determinar si existen elementos que sustenten la extradición, proceso que podría escalar a un juicio político en territorio nacional antes de cualquier entrega a autoridades extranjeras.
Este episodio marca uno de los momentos más delicados en la relación bilateral México–Estados Unidos en materia de seguridad, con implicaciones directas en la soberanía, la cooperación internacional y el combate al narcotráfico.
