El Segundo Informe del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue un momento que marcará época. No por el protocolo, sino porque lleva de la mano una institución que durante años caminó dando tumbos, y hoy intenta recuperar el paso con dirección clara.
El gobernador Américo Villarreal Anaya eligió bien las palabras. Habló de transformación histórica, él tiene en su escritorio los números que respaldan el viraje: más de 42 mil estudiantes, todos los programas de licenciatura acreditados, una investigación que prácticamente se duplicó y una inversión en infraestructura que supera los 232 millones de pesos.
Lo que está ocurriendo en la UAT es la continuidad de un proyecto que lucha por devolverle sentido a la universidad pública en un estado que perdió tiempo valioso entre crisis de seguridad, desgaste institucional y fuga de talento, menos mal, hoy se hable de vinculación con sectores productivos, de proyectos energéticos, de innovación.
El rector Dámaso Anaya Alvarado ha empujado una narrativa que mezcla orden interno con proyección externa. Más de 20 mil becas, microcredenciales, ampliación de la oferta académica, y en esa ruta, la cercanía con el Gobierno del Estado es muy arriesgada, pero, eso es mejor a tener una que sea decorativa. También, es estratégica; la administración estatal ha decidido asumir a la universidad como aliada, no como espectadora. Eso explica la insistencia en proyectos conjuntos y en una agenda que conecta educación con desarrollo económico.
El reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior termina de cerrar el cuadro. No es común que una universidad pública alcance la acreditación total de sus programas evaluables. Es, en términos simples, una señal de orden, y en la mejor de las intenciones, un alineamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hasta ahí, el saldo es positivo.
El problema es lo que viene.
Sostener una transformación institucional sin que los egos de quienes están dentro del la institución entorpezcan el cambio.
En la intimidad… Un documento judicial en Estados Unidos colocó bajo presión al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y, por extensión, al Gobierno federal. La acusación —presentada ante un tribunal en Nueva York— lo vincula presuntamente con una red asociada al Cártel de Sinaloa.
Rocha lo niega ¡obvio!
Pero el expediente describe algo más que señalamientos aislados: habla de una supuesta estructura para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos —fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina—, de protección institucional, de filtración de operativos y de sobornos a cambio de impunidad.
Pero aquí no solo está en juego un gobernador. Está en juego la lectura que se haga desde Washington. Y cuando Estados Unidos enmarca un caso bajo la lógica de seguridad nacional, las decisiones dejan de ser únicamente jurídicas.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y para Morena, el margen es estrecho. Defender sin reservas puede salir caro. Tomar distancia sin pruebas firmes, también.
@dect1608
