Por: David Castellanos Terán
La historia de terror que atraviesan los 47 trabajadores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas es más que un simple conflicto laboral. Es una retórica fallida que evidencia el fondo de una contradicción institucional.
La dependencia encargada de vigilar que se respeten los derechos laborales… no puede garantizar los de su propio personal.
Aunque han guardado silencio por varios meses, lo de hoy es insostenible. Semanas sin pago, y no es la primera vez. Ha ocurrido antes. Han sufrido hasta tres meses sin salario, dicen. Sin retroactividad. Sin explicación clara.
Y ahora, una transición. Opaca y represora, comentaron los trabajadores federales, pues dicen que solo a través de una videollamada. Les bajaron instrucción. Un cambio de esquema, y punto. Van a pasar del orden federal al estatal. Sin reglas claras. Sin certezas. Sin garantías laborales.
El secretario Marath Baruch Bolaños López no ha dado la cara. Y ese silencio pesa más que cualquier pecado que haya cometido con anterioridad el mismo PRI en toda su historia.
No se trata de un simple ajuste administrativo. Es la estabilidad de personas que llevan décadas en el servicio público. Hay casos de más de 30 años de antigüedad. Trayectorias completas que hoy se reducen a una condición: firma o te quedas sin ingreso.
Renunciar a la antigüedad. A la compensación. A derechos adquiridos.
Aceptar un salario menor.
Firmar contratos temporales.
Trabajar, en los hechos, en condiciones de informalidad… dentro de una institución que sanciona precisamente eso.
La ironía… Los trabajadores de la STPS exigen a empresas que otorguen prestaciones, que respeten la ley, que garanticen estabilidad… mientras ellos no tienen nada de eso.
Ni siquiera porque el artículo 123 constitucional lo deja en claro: La irrenunciabilidad de derechos no es negociable. Y la progresividad laboral no va con los retrocesos.
La jurisprudencia es clara: en procesos de reestructuración, los derechos deben respetarse íntegramente.
Aquí pretenden que ocurra lo contrario.
Se reduce salario. Se eliminan prestaciones. Se borra antigüedad.
Se precariza.
Y se hace con presión.
Con la urgencia del trabajador que necesita cobrar para sostener a su familia.
Porque si el Estado puede desdibujar derechos laborales bajo el argumento de una “transición”, entonces cualquier empresa podría intentar lo mismo.
En la intimidad…. Mientras en un frente se discuten derechos laborales que se diluyen, en otro se construyen políticas públicas que, al menos en papel, buscan sostener a la población.
En Tampico, la administración de Mónica Villarreal Anaya ha apostado por un modelo concreto en materia de salud: atender la diabetes con seguimiento real, no con campañas de ocasión.
El Centro de Control de Diabetes (CECODIAT), en Morelos y Borreguera, ya tiene números que respaldan el discurso: más de 800 consultas diabetológicas, 992 de nutrición y un 56 por ciento de control metabólico en pacientes registrados.
En México la diabetes sigue siendo una de las principales causas de muerte, hablar de control —no de atención aislada— es hablar de política pública bien enfocada.
@dect1608
