CDMX.- La crisis al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al terreno penal, luego de que el consejero electoral Arturo Castillo Loza pidiera a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y valorar la aplicación de prisión preventiva oficiosa ante las presuntas irregularidades detectadas en procedimientos de contratación y licitaciones del organismo.
El consejero advirtió que los hechos señalados públicamente podrían configurar delitos graves, entre ellos enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, conductas que, de acreditarse, podrían tener consecuencias penales.
Durante declaraciones a medios de comunicación, Castillo sostuvo que los señalamientos deben investigarse a fondo y consideró que este caso merece que las autoridades valoren la aplicación de las medidas cautelares contempladas en el artículo 19 constitucional.
El señalamiento ocurre en medio de la controversia por presuntos beneficios a determinadas empresas proveedoras del INE, particularmente en contratos relacionados con la elaboración de credenciales para votar.
Ante este escenario, el consejero anunció que se revisarán las licitaciones y contratos, incluidos los que continúan vigentes, para determinar si existen elementos que ameriten auditorías y nuevas investigaciones.
Asimismo, adelantó que el organismo electoral habilitará un mecanismo para recibir denuncias anónimas de trabajadores que tengan conocimiento de posibles irregularidades al interior de la institución.
Castillo insistió en que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente y establecer las responsabilidades correspondientes.
