Ciudad Victoria, Tam.; 1 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer sus áreas de investigación y servicios especializados, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) transformó el Instituto de Ingeniería y Ciencias en el nuevo Instituto de Geomática y Gestión Territorial, consolidando su liderazgo en investigación, análisis y planeación con impacto social y científico.
El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer la nueva configuración de este centro de investigación, cuyo cambio fue autorizado por la Asamblea Universitaria, destacando la evolución de su quehacer académico, su especialización disciplinaria y su proyección institucional.
En su mensaje, el rector explicó que este tipo de decisiones forman parte de una visión de desarrollo universitario que avanza de manera ordenada y estratégica, fortaleciendo aquellas áreas del conocimiento que responden a los retos actuales del entorno social, económico y ambiental.
Subrayó que la geomática y la gestión territorial representan campos clave para el desarrollo del estado y del país, por lo que su impulso, desde la Universidad, permite consolidar el posgrado, fortalecer la investigación científica, promover la generación de conocimiento aplicado y ampliar la participación de estudiantes y docentes en proyectos con impacto social.
El enfoque del ahora denominado Instituto de Geomática y Gestión Territorial responde a la trayectoria académica y operativa de esta dependencia, cuya actividad sustantiva se ha orientado en campos especializados como los sensores remotos, los sistemas de información geográfica y el análisis territorial, áreas que han adquirido creciente relevancia en la toma de decisiones y la planeación del desarrollo.
Después de la sesión de Cabildo celebrada el viernes en Ciudad Madero, al alcalde Erasmo González Robledo se le preguntó, en entrevista directa, sobre los cambios en su administración. La respuesta fue tan breve como reveladora: “el único cambio, es el clima”. Una frase que, lejos de disipar dudas, abrió la puerta a una lectura más amplia —y más incómoda— sobre el estado interno de su gobierno.
En esta ciudad costera —bautizada simbólicamente por la narrativa oficial de urbe petrolera a ciudad intergaláctica— el clima, en sentido estrictamente meteorológico, rara vez altera la vida pública, ni siquiera en temporada de huracanes. La ironía es inevitable cuando el propio discurso gubernamental ha coqueteado con la ufología, los marcianos y una supuesta base extraterrestre en Playa Miramar, metáfora que, por cierto, parece describir mejor el aislamiento político en el que hoy se mueve la administración municipal que cualquier fenómeno atmosférico.
El trasfondo de la pregunta al alcalde no era trivial ni caprichoso. Buscaba una explicación clara sobre la salida de Lorenzo Martínez Rubio, director general de Comunicación Social, y de Deanise Adriana Rueda Hernández, directora de Atención a Medios y suplente de la síndica primera. La salida ocurre tras una acumulación de señales de alarma difíciles de ignorar: trato preferencial a replicadores de transmisiones en vivo, exclusión sistemática de periodistas de investigación y una administración discrecional de la publicidad oficial, prácticas que chocan frontalmente con los principios de legalidad, equidad y disciplina financiera que deben regir el gasto público.
La llegada de Francisco Alemán Lara y Emma Flor Torres Cantú para asumir, “de manera provisional”, las funciones que desempeñaban Martínez Rubio y Rueda Hernández confirmó lo que la versión oficial intenta minimizar: hubo relevo, hubo ajuste y hubo una ruptura en la estructura administrativa. Llamarlo “cambio de clima” no es un recurso poético; es una estrategia discursiva para diluir responsabilidades.
El alcalde, promotor emblemático de la marca del “marciano”, parece sugerir que este cambio atmosférico también explicó otro fenómeno inusual: la ruptura de la unanimidad en el Cabildo maderense. Por primera vez, una sesión derivó en votaciones divididas, como si un frente frío político —más que polar— hubiera alterado la marea interna del gobierno. Tal vez no fue el clima, sino la gravedad de los temas discutidos, lo que provocó el efecto lunar sobre las voluntades políticas.
A ello se suma un gesto que no pasó desapercibido: el abandono y regreso posterior en la sala de Cabildo antes de que la sesión fuera formalmente clausurada. Un acto menor en apariencia, pero simbólicamente poderoso en un contexto de tensiones acumuladas.
La votación en contra quedó registrada de la siguiente manera: Por MORENA: Óscar Oseguera Kernion (hermano de quien fuera antecesor alcalde y hoy diputado federal), Silvia Raquel Williams Pineda, María Fernanda Ortega Cruz, Sandra María Flores Paredes y Mary González Romero; De oposición: Alba Alicia Verástegui Ostos y Leticia Vargas Álvarez (PAN); Movimiento Ciudadano: Jorge Vladimir Sosa Pohl Byik; Mayra Rocío Ojeda Chávez (PRI) y Abstención de Iris Estefanía Cortés Herrera (PAN).
Detrás de este quiebre político subyace un problema más profundo y mucho menos metafórico: el incumplimiento reiterado de obligaciones laborales con el sindicato. De persistir un desacato a los procedimientos legales, la última instancia del recurso administrativo podría derivar en el embargo de cuentas públicas para cubrir el adeudo contraído.
Este conflicto no es nuevo. Tiene su origen en la administración del exalcalde Sergio Arturo Posadas Lara (2008-2011), quien se negó a cubrir una deuda relativamente menor derivada de aumentos salariales, becas, uniformes, fondo de ahorro y otros incentivos pactados. Su sucesor, Jaime Turrubiates Solís (2011-2013), continuó con José Andrés Zorrilla Moreno (2016-2018) repitieron la omisión. Más tarde, Adríán Oseguera Kerión (2018-2021 y 2021-2024) prometió cumplir, promesa que tampoco se materializó. El resultado: un adeudo que hoy asciende a 51 millones 142 mil 776 pesos, una cifra que ya no puede ocultarse detrás de ninguna metáfora climática.
Cabe preguntarse entonces cuánto está afectando realmente “el clima”. Mientras algunos buscan abrigo político y otros parecen cómodos en la intemperie, el sol empieza a quemar con mayor intensidad. Y cuando eso ocurre, los “trapitos al sol” dejan de ser una amenaza retórica para convertirse en expediente público.
Los cambios en el área de Comunicación Social son evidentes, aunque se insista en negarlos desde la narrativa institucional. Como sociedad —y particularmente como comunidad de opinión— el reto es no conformarse con la versión oficial, sino contrastarla con los hechos. Porque, más allá de marcianos, frentes fríos y metáforas cósmicas, el verdadero cambio de clima en Madero es político, administrativo y, sobre todo, verificable.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es agustin@noticiaspc.com.mx
* El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista investigador independiente y catedrático.
El reciente suceso que marcó al proyecto del Tren Interoceánico tras el trágico descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca parece haber encontrado un blanco sencillo para las exigencias de respuesta inmediata: la detención de los presuntos responsables, especialmente del conductor y del supervisor de turno. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el tren circulaba a exceso de velocidad —65 km/h en una curva donde la norma establece 50 km/h— y basó gran parte de su dictamen en los datos recuperados de la “caja negra” y otros peritajes técnicos. Con ello, se detuvo primero al maquinista y después al jefe de despachadores, quienes ahora enfrentan cargos por homicidio y lesiones culposas, además de haber sido vinculados a proceso con prisión preventiva.
Para muchos, la pronta acción de la FGR y el respaldo público de la presidenta de la República buscan transmitir una idea de justicia eficaz y transparente. La versión oficial insiste en que las conclusiones son producto de peritajes científicos y que la evidencia apunta al factor humano como detonante directo del accidente. El exceso de velocidad es una constante que coincide entre las personas sobrevivientes y quienes llegaron a ayudar a los heridos, de igual forma respecto a las suposiciones de fallas técnicas graves en la infraestructura y el sistema de frenado del tren han sido descartadas.
Sin embargo, alrededor de este enfoque de “culpabilidad individual” han florecido críticas de periodistas, analistas y actores políticos que señalan riesgos de simplificar la lectura de los hechos. Algunos sectores, como legisladores de la oposición, han señalado que la detención de los conductores podría convertirse en un “chivo expiatorio” si no se investiga de fondo el entramado que posibilitó el accidente, desde la construcción de la infraestructura hasta su operación. El proyecto del Tren Interoceánico no solo fue una obra emblemática para la administración federal, sino también un despliegue de contratos, obras y decisiones políticas complejas que ya habían sido cuestionadas antes del siniestro.
Diversos reportes y análisis periodísticos han recordado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había señalado irregularidades y deficiencias técnicas en tramos de la línea antes del accidente, incluyendo falta de estudios adecuados, posibles omisiones en los diseños y preocupaciones sobre la geometría de la vía en zonas críticas como las curvas pronunciadas de Nizanda. Más allá de la velocidad del tren, estas observaciones ponen en tela de juicio si el diseño y la supervisión técnica de las obras se hicieron conforme a las normas ferroviarias actuales.
Las voces de sobrevivientes y testigos coinciden con la versión oficial, pero también subraya el hecho de que este acontecimiento sugiere fallas en protocolos de seguridad y advertencia, mismos que uno de los detenidos señala no haber recibido la capacitación para ejecutarlos. El hecho de que el tren operara sin seguro para pasajeros durante su primer año de funcionamiento ha sido otra pieza controversial en el análisis público.
En este cruce de versiones hay una tensión evidente entre obtener respuestas rápidas y asumir una investigación compleja que busque responsabilidades en múltiples niveles. Detener al conductor y al supervisor puede ser parte del proceso de justicia, sobre todo si efectivamente hubo negligencia humana directa. No obstante, ¿es esta práctica suficiente para que pueda hablarse de un proceso justo en sentido amplio? La justicia no solo se mide por cuántas detenciones se realizan, sino por la profundidad y alcance de las investigaciones que permitan identificar todas las causas —técnicas, administrativas y estructurales— que pudieron haber contribuido al accidente.
Si el foco se limita a los operadores sin atender otras fallas previamente señaladas desde el diseño, supervisión y administración del tren, se corre el riesgo de que la responsabilidad final recaiga desproporcionadamente sobre individuos y no sobre el sistema que también fue partícipe del accidente. Esto podría traducirse en la impunidad, por lo que más allá de la detención del conductor, lo que se requiere para que haya justicia verdadera es un proceso integral y transparente, que examine tanto el actuar humano como las condiciones materiales y organizativas que permitieron la tragedia. zairosas.22@gmail.com
*Más de 600 actividades culturales, religiosas, gastronómicas y populares.
*La programación está orientada a preservar y proyectar las raíces jarochas.
Tlacotalpan, Ver., domingo 01 de febrero de 2026.– Con el abanderamiento del Cuadro de Honor de la Cabalgata Infantil y Juvenil, desde la Plaza Agustín Lara, dieron inicio las fiestas de la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones más emblemáticas de Veracruz, que este año alcanza su edición número 249.
Posteriormente, encabezados por la secretaria de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, y el presidente municipal, Christian Romero Pérez, acompañados por autoridades estatales, municipales y la comunidad tlacotalpeña, más de 400 jinetes recorrieron las principales calles de la ciudad.
El trayecto inició en el Puente García, punto emblemático que históricamente simboliza la llegada de visitantes a la Perla del Papaloapan para participar en la fiesta patronal.
El abanderamiento de la Cabalgata tiene su origen en el año 1865, durante la ocupación militar del general Alejandro García, periodo en el que Tlacotalpan fungió como capital del estado de Veracruz.
En reconocimiento al comportamiento de los héroes del Sotavento, la ciudad fue elevada a la categoría de ciudad y se dispuso que este desfile tuviera un carácter militar, tradición que con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en una expresión cultural y comunitaria.
La celebración también hunde sus raíces en la tradición de los mayorales de las haciendas de la región del Papaloapan, quienes realizaban peregrinaciones a caballo para rendir homenaje a la Virgen de la Candelaria. El abanderamiento reconoce a personajes destacados de la región y a quienes han contribuido a preservar esta práctica, fortaleciendo la memoria histórica y el sentido de identidad colectiva.
Actualmente, la Cabalgata es una manifestación viva del patrimonio cultural del Sotavento. Las abanderadas portan el traje de jarocha, elaborado de manera artesanal, mientras que los jinetes visten guayabera y atuendo blanco tradicional, símbolos de la elegancia, la herencia cultural de Tlacotalpan y del trabajo artesanal transmitido de generación en generación.
El atentado perpetuado por un grupo criminal en Culiacán, el pasado miércoles 28, contra el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local Sergio Torres, así como contra su compañera, la también legisladora naranja Elizabeth Montoya, que los tiene hospitalizados y aun grave el primero, muestra de cuerpo entero la ingobernabilidad que hay en todo el estado de Sinaloa, sin que perturbe ni le quite el sueño, siquiera, a la presidenta de México.
El intento de homicidio ejecutado por al menos tres sicarios, a decir de Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrió cerca del medio día, casi frente a las oficinas estatales de MC, en pleno centro de la capital del estado, como para demostrar el poderío que tienen esos grupos, a pesar de que dicha entidad, después del secuestro del mayo Zambada, esta que hierve de militares, marinos y policías.
Veamos: en 2013, el gobierno de Enrique Peña nieto envió 1518 militares; para 2015 ya eran 2,395; un año antes de dejar el poder completó en 2017 a 2,520. Con Andrés Manuel López Obrador, el de los abrazos y no balazos y que fue el que impuso al actual gobernador Rubén Rocha Moya, ese que afirmo públicamente ante los medios de comunicación, que para gobernar su estado tuvo que hablar y pactar con los lideres del -cartel de Sinaloa-, y que gracias a ellos pudo alzarse con la victoria, como lo afirman innumerables informes, mando mas militares que ya sumaban en 2019 2,558; para 2021 la cifra alcanzo 3,801 y para 2025 ya sumaban 10,516.
Al siguiente día del atentado contra los diputados naranjas, aterrizaron en el aeropuerto de Culiacán 1,600 militares mas, enviados por orden de Claudia Sheinbaum Pardo, quien no ha querido hacer un lado a su gobernador, que a decir de todos los sinaloenses es uno mas de ese cartel. Solo ella y AMLO lo sostienen y de allí que en 2025 los homicidios en aquella entidad subieron un 67% mas que el año pasado (2024).
Han militarizado Sinaloa los gobiernos de la 4T, sin lograr siquiera contener la violencia, porque no quieren hacer un lado al gobernador que fue impuesto por ese cartel, o quizás porque ellos mismos tengan compromisos con ese grupo. ¡Vaya usted a saber!, pero la realidad allí esta.
Esos mas de 12 mil militares y grupos de elite que están en Sinaloa representa la cifra mas alta de tropas desplegadas en una entidad del interior de la República en la historia reciente, sin que den un mínimo de resultados de pacificación y orden.
La prueba allí esta. Basto que el diputado Sergio Torrez le preguntara, antes de ser baleado junto a la diputada de MC Elizabeth Montoya al secretario de Administración y Finanzas Joaquín Alberto Landeros Guicho, durante la comparecencia con motivo de la glosa del cuarto informe de Gobierno de Rubén Rocha, sobre el estado financiero que guarda el gobierno estatal, porque la crisis económica y de ingobernabilidad que vive la entidad lo tiene a punto de la quiebra, para que horas después intentaran asesinarlos.
Vaya mi solidaridad para ambos legisladores y luchadores sociales.
*Denuncian rezago judicial mientras funcionaria incapacitada atiende negocios particulares.
Ozuluama, Ver.— Abogados litigantes de la región alzaron la voz ante lo que califican como una grave irregularidad administrativa y una burla al sistema de justicia, derivada del rezago que enfrenta el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ozuluama, consecuencia de la prolongada incapacidad —por más de un mes— de la secretaria de Acuerdos, Ana María de la Barrera Jiménez, sin que el Poder Judicial del Estado haya designado a un sustituto.
Los profesionales del derecho advirtieron que esta situación ha provocado un virtual estancamiento en la tramitación de juicios, toda vez que el juzgado tampoco cuenta con secretario de Estudio y Cuenta, lo que ha sobrecargado al personal existente y retrasado de manera alarmante la emisión de acuerdos y sentencias, afectando directamente a los justiciables.
Sin embargo, la inconformidad escaló a un nivel mayor luego de que abogados, clientes y partes en juicio atestiguaran que la funcionaria incapacitada continúa atendiendo negocios de su propiedad, específicamente una tortillería y un spa en esta ciudad, hechos que consideran incompatibles con su condición médica, además de representar una falta grave a la ética pública y al compromiso institucional.
“Mientras los expedientes se acumulan y la justicia se retrasa, la funcionaria señalada mantiene actividad comercial normal. Esto no solo es indignante, sino que pone en entredicho la seriedad de las incapacidades médicas dentro del Poder Judicial”, señalaron litigantes inconformes.
Ante este escenario, los abogados exigieron al titular del Juzgado Mixto y a los órganos administrativos del Poder Judicial del Estado intervenir de manera inmediata, ya sea mediante la designación de personal provisional o la adopción de medidas extraordinarias, para evitar que el rezago continúe profundizándose y se vulnere el derecho de la ciudadanía a una justicia pronta y expedita.
Advirtieron que, de persistir la omisión, no descartan escalar la denuncia a instancias superiores, al considerar que la inacción institucional podría configurar responsabilidades administrativas y dañar aún más la credibilidad del sistema judicial en la región.
*Conservará 17 variedades y fortalecerá la autosuficiencia alimentaria.*
*Incluye maquinaria gratuita, insumos agroecológicos y asistencia técnica.
*Anuncia la adquisición de 50 tractores para seguir apoyando al pequeño productor.
Altotonga, Ver., viernes 30 de enero de 2026.- Con la meta de incrementar en 50 por ciento el rendimiento del cultivo de maíz, beneficiar a 50 mil productoras y productores en el mismo número de hectáreas, consolidar 10 Casas de semillas y elevar hasta en 40 por ciento el ingreso neto respecto al inicio del programa en 2026, la gobernadora Rocío Nahle García puso en marcha el Programa Estatal de Instalación de Casas de semillas de maíces nativos y criollos 2026–2030.
Reconoció a las mujeres y hombres del campo de esta región como “un orgullo para Veracruz”, al destacar su vocación productiva, y subrayó la relevancia de iniciar el programa en Altotonga por su papel en la preservación del maíz nativo.
En este contexto, anunció que Apoyo a la Palabra se retomará este año, la adquisición de 50 tractores más para hacer un total de 100 unidades; asimismo, para fortalecer el arraigo en las comunidades, las juventudes que se integren a las Casas de semillas serán vinculadas al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
De igual forma, informó sobre la rehabilitación de las carreteras hacia Martínez de la Torre y San Rafael, así como de caminos rurales, a fin de facilitar la movilización de productos agrícolas en condiciones más seguras y eficientes.
Durante el arranque del programa, la Gobernadora entregó cuatro tractores, cuatro sembradoras, dos arados y dos rastras, además de maquinaria y paquetes de insumos que incluyen biofertilizantes, herbicidas e insecticidas, con una inversión estatal de 3 millones de pesos, para uso gratuito de las y los productores.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) informó que, en su primera etapa, el programa atenderá a 2 mil productoras y productores, con una siembra inicial de 2 mil hectáreas y una inversión tripartita de 10 millones de pesos, en las regiones de Altotonga, Papantla, Huayacocotla, Tequila y San Andrés Tuxtla.
De manera complementaria, a través del Plan México, se apoyó a 530 productores en 34 municipios durante los ciclos otoño–invierno y primavera–verano, con impacto en 30 mil hectáreas, beneficio para 15 mil personas productoras y una inversión superior a 38 millones de pesos.
Por su parte, el director general de Innovación Productiva y Desarrollo Rural, Giovanni Auli Moo, explicó que en las Casas de semillas operarán como espacios para el rescate, selección, beneficio y almacenamiento de 17 razas de maíces criollos, cada una equipada con silos herméticos y un esquema de resguardo del cinco por ciento de la producción, con fines de conservación genética.
El Programa incorpora un manejo integral del cultivo, con acompañamiento técnico permanente a través de las Escuelas Campesinas, prácticas de agricultura regenerativa y el uso de biofertilizantes para mejorar la salud del suelo y el rendimiento productivo.
Pone a disposición de las y los pequeños productores, de manera gratuita, maquinaria agrícola y tecnología de aspersión con drones, reduciendo costos y cerrando la brecha técnica que históricamente ha limitado al campo veracruzano.
Como parte del enfoque integral, impulsará el valor agregado, mediante su transformación en productos como nixtamal, pinol, pinole, totopos y alimentos gourmet, a través de la Subdirección de Agronegocios.
Finalmente, implementará la instalación de meliponarios, que permitirán una polinización dirigida con incrementos de 10 a 12 por ciento en el rendimiento, además de generar producción secundaria de miel, ceras y derivados, incorporando a mujeres y jóvenes en nuevas actividades productivas.
La Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, hizo un llamado a las y los conductores a respetar el Reglamento Vial y los límites de velocidad establecidos, como una acción fundamental para prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de la ciudadanía.
La alcaldesa porteña subrayó que el respeto a las normas de tránsito es una responsabilidad compartida y un factor determinante para fortalecer la seguridad vial en el municipio, al tiempo que destacó la importancia de conducir de manera consciente y responsable.
“Respetar la velocidad permitida y los señalamientos viales no es solo una obligación legal, sino una acción de responsabilidad social que puede marcar la diferencia entre la vida y un accidente. La prevención comienza con la conducta de cada conductor”, expresó.
Villarreal Anaya informó que, de acuerdo con la Dirección de Tránsito, la velocidad promedio permitida en la ciudad es de 45 kilómetros por hora, por lo que reiteró el exhorto a no exceder este límite y a atender en todo momento los señalamientos viales.
Asimismo, destacó la importancia del uso del casco de seguridad entre los motociclistas y del respeto a las normas por parte de todos los usuarios de la vía pública, al señalar que estas acciones contribuyen de manera directa a la reducción de accidentes y lesiones graves.
Finalmente, la Presidenta Municipal señaló que el Gobierno de Tampico mantiene de forma permanente operativos y campañas de concientización en materia de seguridad vial, e insistió en que la participación y colaboración de la ciudadanía son indispensables para lograr una movilidad más segura y ordenada en el municipio.
*La edición 249 reunirá a la comunidad en torno al arte, la música y las raíces veracruzanas.
Tlacotalpan, Ver., viernes 30 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) extiende una cordial invitación para asistir, a partir de mañana y hasta el 09 de febrero, a la celebración más emblemática del Sotavento que fusiona cultura, tradición y fe: las fiestas de la Candelaria, en Tlacotalpan. Las actividades son gratuitas y aptas para toda la familia.
Este evento anual celebra su edición 249, reafirmando la importancia de la identidad cultural de Veracruz. Durante los 10 días de celebración, se congregará a la comunidad en torno a la música y el zapateado. Tlacotalpan, distinguida como Patrimonio Cultural por la UNESCO, se convertirá en un escenario donde el arte local y las raíces históricas y culturales se manifestarán en cada rincón.
La titular de la SECVER, Xóchitl Molina González, destacó la relevancia de preservar estas tradiciones: “Nos da identidad y nos regresa a nuestras raíces; para la comunidad, es muy importante porque mantiene viva nuestra cultura”, expresó.
La cartelera cultural incluye una amplia variedad de eventos diseñados para toda la familia, como la XLVII edición del Encuentro Nacional de Soneros y Versadores, en la Plaza Doña Martha, y contará con la participación de 61 grupos, consolidándose como pilar del Son Jarocho y el fandango.
Se han habilitado 10 espacios, entre ellos el Foro Cultural del Sotavento, donde se llevarán a cabo talleres, presentaciones editoriales y una expoventa artesanal y gastronómica, además del Foro Especial de Son Jarocho, para mantener vivo este legado musical que llena de ritmo y alegría al estado.
También se realizarán eventos religiosos y tradiciones como la cabalgata, el desfile de la Banda Centenaria, las mañanitas a la Virgen y el emblemático paseo de la Virgen por el río Papaloapan, acompañada por navegantes y zapateadores.
Habrá conciertos masivos para que todos los asistentes disfruten de la alegría y el ambiente únicos de Veracruz. El punto de encuentro será la Plaza de los Jarochos, sede de presentaciones de Orquestas Sinfónicas y agrupaciones de Salsa de la Universidad Veracruzana, así como Junior Klan y Los Recoditos.
Ante la alta afluencia de visitantes que se espera durante esta celebración, además de la infraestructura hotelera de Tlacotalpan, se cuenta con el apoyo de municipios vecinos como Alvarado y Cosamaloapan, para garantizar el alojamiento y la atención a los turistas.
Xalapa, Ver., viernes 30 de enero de 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que, ante la suspensión parcial del servicio de transporte público en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, implementó medidas responsables y firmes para garantizar el derecho a la movilidad, priorizando en todo momento el interés de las y los usuarios.
Reiteró que no existe autorización para incremento alguno en la tarifa del transporte público concesionado, por lo que el servicio regular mantiene su costo de 9 pesos en Veracruz – Boca del Río conforme a lo establecido. Solo en Xalapa lo autorizado es de 12 pesos.
Precisó que el servicio Ulúa, integrado por unidades nuevas adquiridas con recursos públicos y con mejores condiciones de operación, mantiene una tarifa de 15 pesos, la cual entrará en vigor una vez que el servicio se normalice.
De manera emergente y temporal, mientras persista el paro de algunos concesionarios, los camiones Ulúa operan de forma gratuita, a fin de evitar afectaciones a la población y asegurar la continuidad del traslado hacia centros de trabajo, estudio y actividades cotidianas.
En este contexto, el Gobierno del Estado determinó que los camiones Ulúa operen directamente como servicio público estatal, de forma paralela y complementaria al que brindan los concesionarios que decidan continuar prestando el servicio.
La medida se adopta con respeto a los prestadores del transporte y privilegiando el diálogo; no obstante, se actúa con la convicción de que la ciudadanía no puede ser afectada por decisiones unilaterales que interrumpan un servicio esencial.
La titular del Ejecutivo subrayó que toda concesión conlleva una responsabilidad social, ya que el transporte público es un servicio indispensable y las rutas y vialidades son bienes públicos cuya operación debe responder al interés general.
Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado abrió una convocatoria pública para la contratación de conductores, dirigida a mujeres y hombres, además de capacitación y condiciones laborales dignas que garanticen un trato respetuoso hacia las y los usuarios.
La Gobernadora señaló que esta administración actúa con mesura y firmeza, asumiendo plenamente la responsabilidad del Estado para garantizar servicios públicos eficientes, modernos y seguros.
“El respeto es de ida y vuelta. Respetamos a los concesionarios, pero nuestra obligación principal es con la gente. El Estado debe asumir su papel y garantizar la movilidad de las y los veracruzanos”, expresó.
