Verdades ocultas

Por redaccion Jul30,2023

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Por: Zaira Rosas

Los objetos voladores no identificados se han vuelto tendencia en últimos días,

principalmente porque los gobiernos empiezan a reconocer la existencia de los mismos e

incluso es un tema del que cada vez se habla más, lo que permite que teorías de antaño que

podrían haber parecido absurdas, comiencen a considerarse como reales e incluso se

normalicen en el día a día. Sin embargo, hay otras verdades cuyas investigaciones deberían

interesarnos, que están a punto de cumplir una década y cuyas respuestas siguen siendo

inexistentes.
Si bien el tema de los OVNIS puede ser muy interesante, de igual forma debería serlo la

desaparición de 43 estudiantes en 2014. La madrugada del 26 y 27 de septiembre de ese

año, tuvo lugar uno de los eventos más catastróficos del gobierno de Enrique Peña Nieto. 43

estudiantes normalistas desaparecieron en un evento ligado al crimen organizado, pero

también al gobierno y organismos como el ejército. Detrás de este suceso llegaron

múltiples promesas, se presentaron pruebas nada convincentes e incluso surgieron

investigaciones alternas que hasta el día de hoy no han podido esclarecer a los familiares

¿qué ocurrió realmente?
Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, tuvo lugar la verdad histórica, que más bien se

pudo tratar de un montaje histórico, donde se explicó que el fin de los jóvenes

desaparecidos fue un basurero en Cocula, donde estaban sus restos incinerados. Gracias a

las averiguaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se hizo

evidente que esto no era verdad y había más puntos que indagar detrás de la historia.
La periodista e investigadora Anabel Hernández, quien es reconocida por las indagaciones

que ha hecho en torno a temas de narcotráfico en México, también hizo una recopilación de

testimonios y datos que dejaban ver lo que la población ya intuía, el vínculo profundo del

Estado con el crimen organizado, el respaldo que se le brindaba o brinda a los grupos

delictivos en México y la opacidad con la que se llevó el caso desde el principio,

minimizando las vidas que estuvieron en juego e incluso la desesperación de familiares que

llevan años esperando una explicación de lo ocurrido y queriendo obtener datos sobre el

paradero de sus hijos. Todo lo recabado por la periodista se puede leer en su libro “La

verdadera noche de Iguala”.
El pasado martes 25 de julio el GIEI anunciaba su retirada de la investigación, debido a la

negativa de colaboración mostrada por el gobierno actual, de igual forma presentaron el

último informe recabado sobre el caso, donde nuevamente se entregan datos que indican el

conocimiento del ejército sobre los hechos antes, durante y después de la desaparición de

los jóvenes, así mismo detallan que han solicitado múltiples datos ligados al ejército y la

marina, los cuales han sido negados. Mientras tanto los padres siguen clamando por

justicia, porque el gobierno les brinde las respuestas que tanto han prometido, pero sin

obtener mayor respuesta.
Dar carpetazo a un tema como este no es algo nuevo en México, lo hemos presenciado en

cada gestión, principalmente cuando el control se ejerce por la fuerza para aplacar a

cualquier oposición o disturbio, así sea este proveniente de la misma sociedad. Lo que

indigna aunado a lo anterior son las promesas vacías de acciones diferentes y que se siga

manteniendo en la impunidad a figuras cómplices del crimen.
Las investigaciones que han clasificado como privadas han de hacerse públicas, pues

además de contener datos que podrían facilitar el cierre necesario para tantas familias,

podrían ser un punto clave para comenzar con acciones contundentes que busquen

disminuir el narcotráfico y el crimen organizado, de lo contrario pareciera que todo tipo de

teorías que hemos visto en narcoseries donde el gobierno es sólo un ente más de los

criminales, no queda sólo en teorías y podría tener más matices de la realidad de los que

imaginamos.zairosas.22@gmail.com

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