Por: Zaira Rosas
Los objetos voladores no identificados se han vuelto tendencia en últimos días,
principalmente porque los gobiernos empiezan a reconocer la existencia de los mismos e
incluso es un tema del que cada vez se habla más, lo que permite que teorías de antaño que
podrían haber parecido absurdas, comiencen a considerarse como reales e incluso se
normalicen en el día a día. Sin embargo, hay otras verdades cuyas investigaciones deberían
interesarnos, que están a punto de cumplir una década y cuyas respuestas siguen siendo
inexistentes.
Si bien el tema de los OVNIS puede ser muy interesante, de igual forma debería serlo la
desaparición de 43 estudiantes en 2014. La madrugada del 26 y 27 de septiembre de ese
año, tuvo lugar uno de los eventos más catastróficos del gobierno de Enrique Peña Nieto. 43
estudiantes normalistas desaparecieron en un evento ligado al crimen organizado, pero
también al gobierno y organismos como el ejército. Detrás de este suceso llegaron
múltiples promesas, se presentaron pruebas nada convincentes e incluso surgieron
investigaciones alternas que hasta el día de hoy no han podido esclarecer a los familiares
¿qué ocurrió realmente?
Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, tuvo lugar la verdad histórica, que más bien se
pudo tratar de un montaje histórico, donde se explicó que el fin de los jóvenes
desaparecidos fue un basurero en Cocula, donde estaban sus restos incinerados. Gracias a
las averiguaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se hizo
evidente que esto no era verdad y había más puntos que indagar detrás de la historia.
La periodista e investigadora Anabel Hernández, quien es reconocida por las indagaciones
que ha hecho en torno a temas de narcotráfico en México, también hizo una recopilación de
testimonios y datos que dejaban ver lo que la población ya intuía, el vínculo profundo del
Estado con el crimen organizado, el respaldo que se le brindaba o brinda a los grupos
delictivos en México y la opacidad con la que se llevó el caso desde el principio,
minimizando las vidas que estuvieron en juego e incluso la desesperación de familiares que
llevan años esperando una explicación de lo ocurrido y queriendo obtener datos sobre el
paradero de sus hijos. Todo lo recabado por la periodista se puede leer en su libro “La
verdadera noche de Iguala”.
El pasado martes 25 de julio el GIEI anunciaba su retirada de la investigación, debido a la
negativa de colaboración mostrada por el gobierno actual, de igual forma presentaron el
último informe recabado sobre el caso, donde nuevamente se entregan datos que indican el
conocimiento del ejército sobre los hechos antes, durante y después de la desaparición de
los jóvenes, así mismo detallan que han solicitado múltiples datos ligados al ejército y la
marina, los cuales han sido negados. Mientras tanto los padres siguen clamando por
justicia, porque el gobierno les brinde las respuestas que tanto han prometido, pero sin
obtener mayor respuesta.
Dar carpetazo a un tema como este no es algo nuevo en México, lo hemos presenciado en
cada gestión, principalmente cuando el control se ejerce por la fuerza para aplacar a
cualquier oposición o disturbio, así sea este proveniente de la misma sociedad. Lo que
indigna aunado a lo anterior son las promesas vacías de acciones diferentes y que se siga
manteniendo en la impunidad a figuras cómplices del crimen.
Las investigaciones que han clasificado como privadas han de hacerse públicas, pues
además de contener datos que podrían facilitar el cierre necesario para tantas familias,
podrían ser un punto clave para comenzar con acciones contundentes que busquen
disminuir el narcotráfico y el crimen organizado, de lo contrario pareciera que todo tipo de
teorías que hemos visto en narcoseries donde el gobierno es sólo un ente más de los
criminales, no queda sólo en teorías y podría tener más matices de la realidad de los que
imaginamos.zairosas.22@gmail.com
